Piden juicio político a la jueza Highton de Nolasco

La diputada Victoria Donda presentó un pedido de juicio político contra la jueza Elena Highton de Nolasco por utilizar información confidencial para beneficio propio. La magistrada consiguió continuar en la Corte Suprema luego de pasar el límite de los 75 años que juró respetar.

En diciembre de 2017, Highton presentó un amparo respaldándose en el antecedente de su fallecido colega Carlos Fayt, quien había logrado que se anulara el artículo 99 de la Constitución y así continuar en su cargo. La única magistrada mujer de la Corte presentó el amparo un mes antes de que ese artículo volviera a entrar en vigencia. Donda apunta a que la jueza contaba previamente con esta información y por eso apuró la presentación pocos meses antes de cumplir 75 años.

Cronologicamente, Highton presentó el amparo en febrero de 2017; el 28 de marzo, la Corte reestableció el límite de los 75 años; en diciembre, la jueza festejó su cumpleaños setenta y cinco y su continuación en la Corte.

Además, Donda apunta a un circuito endogámico de favores recíprocos. La ex Libres del Sur anota que el abogado Jorge Isidro Lusona, quien tramitó el amparo pedido por Highton, pertenece a la cátedra de Derecho Administrativo II (de la UNLZ) de Sergio Fernández, quien está relacionado al juez Lavié Pico, que colocó al secretario privado de Fernández en una vocalía de la Corte Suprema.

Carlos Fayt, el antecedente señalado, aspiró a sostenerse como miembro de la Corte Suprema de Justicia eternamente, sólo su muerte a los 98 años le impidió lograr su cometido. El artículo 99 de la reforma obliga a que cualquier renovación del cargo de un magistrado requiere de una nueva presentación presidencial y posterior acuerdo del Senado. La Corte Suprema menemista prohibió la apilicación de ese artículo el 19 de agosto de 1999 para favorecer a Fayt que tenía 81 años. Como se dijo, ese artículo fue nuevamente puesto en vigor pocos días después de que Highton presentara el amparo y le fuera concedido por el juez Lavé Pico.

El año pasado, el gobierno nacional decidió no apelar la decisión que le aseguraba un lugar a la jueza que votó entre otros temas delicados a favor de aplicar el 2×1 a genocidas y contra la renovación de la presidencia de la Corte a Ricardo Lorenzetti de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo Nacional.

La decisión de Elena Highton de Nolasco, más allá de la denuncia de la diputada Victoria Donda, contrasta con la de los jueces Augusto Belluscio y Raúl Zaffaroni, que  renunciaron a sus puestos por haber pasado los 75 años debido a una “incompatibilidad ética”.