Piden la nulidad de un fallo firmado por el juez Bruglia

La defensa de un sindicalista pidió la nulidad de un fallo firmado por el juez Leopoldo Bruglia porque supuestamente lo suscribió cuando ya había sido publicado el decreto que ponía fin a su participación en la Cámara Federal porteña.

El planteo es el primero contra una decisión adoptada por Bruglia, en este caso junto con el presidente de la Cámara, Martín Irurzun. Se trata de un planteo del sindicalista de la agencia estatal de noticias Télam, Luis “Lucho” Giménez, procesado por supuesto “enriquecimiento ilícito” y en camino al juicio oral y público.

El abogado de Giménez, el penalista José María Vera, planteó “la nulidad de la resolución fechada el día 17 de septiembre de 2020, suscripta por Bruglia, en la que se resolvió no hacer lugar al recurso de casación oportunamente articulado respecto de la sentencia dictada en fecha 3 de septiembre de 2020”.

Se trata de una oposición de la defensa de Giménez a la elevación a juicio oral, en el marco de un expediente instruido por el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Ramos.

Según señala la presentación, a la que tuvo acceso Tiempo, “por decisión fechada el 16 de septiembre de 2020, no obtuvo el acuerdo del Senado para su designación como juez integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal y fue dejada sin efecto la misma mediante el Decreto 750/2020 publicado en el Boletín Oficial el mismo día que dicha resolución fue suscripta, violando así el derecho constitucional del juez natural y del debido proceso”.

“Al haber emitido su voto cuando ya se había publicado en el Boletín Oficial la Resolución que disponía que debía cesar su intervención en la Cámara Federal y retornar al Tribunal para el que tiene acuerdo otorgado por el Senado, Bruglia,  en  el caso  puntual  —donde  un  juez subrogante  ha  dispuesto rechazar el recurso de casación contra la resolución que rechazó el recurso de casación—,  ha  logrado  demostrar  acabadamente  el  perjuicio  que  la actuación cuestionada —debido al cese de su designación— ha generado”.

La defensa de Giménez planteó la violación de la garantía del juez natural y la intervención en el expediente de un magistrado que no estaba habilitado para hacerlo, lo cual viola el principio del debido proceso judicial.

“Lo que sucede es que esta sustitución de la persona del funcionario, al momento de dictarse la providencia, estaba prohibida por la ley lo que transforma en ilegal el fallo pronunciado por la Cámara Federal, condición que se erige como una clara violación al principio del juez natural”, sostiene el escrito.

El abogado Vera pidió, además, que en su planteo se inhiba de intervenir el juez Irurzun, pues fue él quien acompañó el acto jurídico que ahora se cuestiona.

“En atención a las singulares circunstancias traídas a decisión de esta Cámara, en salvaguarda de los derechos de nuestros defendidos, entendemos -y así pedimos- que no concurra en la integración de la Sala el doctor Irurzun”.

La causa contra Giménez se originó en una denuncia de la Oficina Anticorrupción, en tiempos en que estaba al frente Laura Alonso. El procesamiento indicó que las pruebas acumuladas en la investigación eran “suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad exigido para esta instancia que, a partir de su ingreso a la función pública, Luis Omar Giménez incrementó su patrimonio de una manera sustancial que no resulta compatible con su sueldo en el cargo de subgerente».