Piden la suspensión de Eduardo Cáceres, el diputado procesado por agredir a su expareja

Ya denunciado por violencia de género, el diputado macrista Eduardo Cáceres se mostró impulsor de una ley que busca modificar la Ley Micaela en función de los hombres víctimas de agresiones. Pese al intento por desviar el eje de atención en un momento en que la lista de femicidios crece a un ritmo escalofriante, el sanjuanino ahora quedó en la mira ante el pedido de su suspensión en la Cámara, firmado por al menos quince diputadas.

Cáceres está procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo”, tras la acusación de su expareja. A partir de la denuncia pidió licencia, pero después de dos meses volvió a su banca el 12 de febrero. Y mientras crecían los reclamos al Estado y a la Justicia tras el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad de Rojas, Cáceres optó por presentar su proyecto de Ley Alejo (llamada así por Alejo Oroño, asesinado semanas atrás por su exnovia, Nadia Navarro Montenegro), por entender que los hombres también son víctimas de violencia de género.

La diputada nacional Graciela Caselles, del Frente de Todos, presentó ayer el pedido de suspensión ante la Cámara Baja. “Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras que firmaron el planteo ante la Cámara: Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, Mara Brawer, Verónica Cáliva, Alcira Figueroa, Carolina Moisés, Carolina Yutrovic, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola y Victoria Rosso.

«El 30 de noviembre, en la última sesión que tuvimos, manifesté la necesidad de que el diputado pidiera licencia ante lo que era una simple denuncia en ese momento. Hoy, a diferencia de ese día, nos encontramos con un procesamiento», expresó Caselles ante Canal 8 de San Juan. Y agregó: «Acá no importan los partidos ni los colores, son temas transversales y venimos luchando contra la violencia junto a las diputadas Mónica Macha, Gimena López y Silvia Gabriela Losspennato, entre otras, para defender a la mujer».

“Este diputado en principio pidió una licencia que finalizó y se reincorporó a la cámara, entre el período de licencia y ahora lo que cambió es que ahora está procesado –cuando pidió la licencia estaba imputado-. Nos parece fundamental que no puede estar ejerciendo una función de diputado, de representante del pueblo, una persona procesada por violencia de género. Es inadmisible que esté cumpliendo su función. Y sería ejemplificador para la sociedad toda que una persona que está procesada por este delito no esté cumpliendo sus funciones”, señaló la diputada Brawer, una de las firmantes. Y agregó: “A esto se le suma que apenas volvió el diputado Cáceres presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Micaela e incorporar la violencia contra los varones. Esto es ofensivo, provocador. Como también lo es que pide que se cree el delito de falsa denuncia. Por supuesto que hay asesinatos de varones y falsas denuncias, pero son cuestiones excepcionales. Pero cuando uno legisla, lo hace en función de la problemática de los temas.  ¿Por qué hay una legislación especial sobre la violencia hacia las mujeres y los feminicidios? Justamente por el volumen y la problemática que esto implica. Esta sociedad patriarcal que siempre fue violenta hacia las mujeres y que provoca más de un feminicidio por día necesita tener una legislación específica para prevenir esta violencia que es generalizada. Para combatir otras violencias rigen las normas generales de la ley”.

La legisladora del Frente de Todos, psicóloga y educadora, concluyó: “Consideramos que no puede estar en funciones un diputado procesado por violencia de género y mucho menos uno que utiliza su función para provocar e intentar ser disciplinador o amenazante hacia las mujeres. Porque él con esto lo que busca es que las mujeres no denuncien por miedo a ser denunciadas”.

Por su parte, desde el macrismo, la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado planteando la necesidad de “acompañar a quien alza su voz”. En relación a Gimena Martinazzo, expareja y denunciante de Cáceres. “Solicitamos que el Cuarto Juzgado Correccional de San Juan se expida lo antes posible. No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en este sentido, se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Pareciera ser un abuso de su posición”, planteó el comunicado que Pro Mujeres publicó en redes sociales.