Ley Alejo, o la fase negacionista de la política patriarcal

Legisladores de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto para proteger a los hombres de la violencia de género y ponen la lupa sobre "las falsas denuncias y escraches sociales" que sufren. Un modo de conservar el statu quo, invisibilizar la disparidad, sostener la opresión.
(Foto: Raúl Ferrari / Telam)
21 de febrero de 2021

Se vio en torno a la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito: los avances que consigue el movimiento feminista a fuerza de militancia colectiva generan reacciones que buscan ir en sentido contrario o al menos menguarlos. En relación a la violencia de género, los logros legislativos y el reclamo masivo por cambios en el plano judicial también tienen su contracara. La que insiste con que el blanco de esas violencias no son solo mujeres y disidencias. Como si hiciera falta seguir sumando datos para demostrarlo.

En esa línea se inscribe el proyecto de la llamada Ley Alejo (7042-D-2020), impulsada desde el PRO. Presentada por el diputado sanjuanino Eduardo Cáceres, proceso por violencia de género, y acompañada por más de una docena de sus pares de ese espacio político, propone una normativa que proteja a los hombres víctimas de violencia y pone la mira en las “falsas denuncias o escraches sociales” que sufren. La iniciativa generó polémica en sí misma, con un aditamento: Cáceres está procesado en una causa por violencia de género tras la denuncia de su expareja.

“Me parece un proyecto típico de la reacción. La reacción frente a las transformaciones sociales: busca conservar el statu quo, la forma injusta en la que se distribuye el poder en nuestra sociedad. Lo que hace es poner la lupa sobre la excepción para invisibilizar la regla”, sostiene Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Negacionismo

“No hay registros sobre denuncias falsas, pero sí un sentido común construido respecto de eso. Una especie de mitología de los tribunales donde eso se acrecienta y se refuerza como forma de deslegitimar la voz de quienes denuncian violencia por cuestiones de género. Esto es histórico, siempre ha sido así”, repasa Portos en diálogo con Tiempo. Y agrega: “Cada tanto, estas voces vuelven a aflorar en nuestra historia y en distintas manifestaciones mediáticas. Son voces negacionistas. No sé si usar este término puede llegar a ofender a alguien, pero realmente lo que hacen es negar la existencia o poner en duda la existencia de la violencia por razones de género como herramienta disciplinadora del patriarcado para sostener la opresión sobre los cuerpos y las personas feminizadas”. Para la referente, “no deja de ser congruente con todo el proyecto antiderechos que propone Cambiemos como proyecto político. En ese sentido, no deja de ser parte de esa forma de entender el mundo que siempre va en contra de la ampliación de derechos”.

De hecho, entre las firmas que apoyan el proyecto de Ley Alejo aparecen el pastor evangélico neuquino David Schlereth, quien tildó de “violento, extemporáneo e irracional” que el gobierno impulsara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo; el sanjuanino Marcelo Orrego, quien presentó un proyecto para derogar el aborto legal; y la correntina Estela Regidor Belledone, quien durante aquel debate preguntó: "¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte".

El proyecto de Cáceres cita, entre los pocos que sustentan los fundamentos de la medida, datos de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese mismo organismo, en su último informe, relevó que durante 2020 recibió a 12.457 personas afectadas por hechos de violencia familiar: el 76% fueron mujeres y 24%, varones. Pero, entre estos, el 15% eran niños y adolescentes. En tanto, no se consignaron falsas denuncias en ese amplio registro.

“Los datos hablan por sí solos –remarca Analía Kelly, referente del Observatorio Mumalá–. Al día de hoy, son 54 muertes violentas de mujeres y disidencias en lo que va de 2021. Datos que no son solo datos: son vidas, historias, vínculos de personas que han sido asesinadas a manos de la violencia machista, perpetrada por algún varón de su círculo íntimo. No podemos negar esta realidad. No es posible hablar de una violencia de género en ambos sentidos. Partimos de la base de que vivimos en una sociedad patriarcal en la cual los varones tienen determinados privilegios y espacios de poder en detrimento de todas las otras identidades de género. Eso lo podemos ver en las distintas esferas de la vida. La violencia de género es la que perpetúa ese sistema jerárquico de género entre los hombres y el resto de las identidades, ya sean mujeres o disidencias”.

La fuerza de Micaela

La iniciativa de Cáceres pretende modificar la Ley Micaela, promulgada en enero de 2019, que establece una capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública. La normativa conmemora a Micaela García, militante entrerriana de 21 años, víctima del femicidio perpetrado por Sebastián Wagner.

“No nos parece que deba ser modificada. Al contrario: tiene que ser implementada con compromiso, con inversión de recursos, en todo el volumen que la ley establece”, enfatiza Lucila De Ponti, diputada santafesina del Movimiento Evita y una de las impulsoras de la medida. “Es realmente bochornoso que un gran número de diputados y diputadas haya decidido acompañar esta iniciativa (la Ley Alejo) y no hayan reflexionado acerca de lo que significa. Más allá de que quien la presenta tenga una causa abierta por violencia contra una mujer. Es correr el eje de la discusión, sobre todo cuando se está reivindicando la necesidad de una reforma judicial para intentar reducir el número de femicidios a raíz del caso de Úrsula Bahillo, que denunció en reiteradas oportunidades y a quien el Estado no acompañó”.

“Cuando hablamos de la Ley Micaela, precisamente la citamos y consideramos tan urgente su implementación para que no se minimice o se invisibilice la situación que una mujer o una disidencia puede estar atravesando”, plantea Kelly, de Mumalá. Y señala que, de los femicidios registrados en el primer mes del año, solo en un 25% había denuncias previas. “Ya partimos de un piso bajo de denuncias realizadas por mujeres que están sufriendo violencia; claramente no sienten que vayan a ser escuchadas o puestas a resguardo. Por eso consideramos completamente desafortunado hablar de falsas denuncias. Eso es falta de perspectiva de género”.

Para Victoria Freire, referente de Mala Junta y coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, “poner la lupa sobre las falsas denuncias es desconocer lo que sucede con quienes se encuentran en una situación de violencia de género. En la mayoría de los casos, son desestimadas, se les exigen pruebas que suponen recrear una y otra vez el relato de la violencia –a este procedimiento se lo llama revictimización–, poniendo en cuestión la responsabilidad de la propia víctima respecto de la situación que sufre”. Freire apunta que una de las indicaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres hacia las fiscalías es que cesen las pericias psicológicas hacia víctimas de violencia, recurso que no se suele exigir en denuncias de otros delitos. Y remarca: “Todas las experiencias de atención por violencia de género, y tristemente casos como el de Úrsula, indican que, por el contrario, hay que trabajar en el acompañamiento, la escucha y la respuesta integral en un sistema unificado que evite que la persona que sufre violencia deba presentarse en diferentes instancias a exigir que se respeten sus derechos, que se acuda ante una situación de riesgo, que se otorgue la protección correspondiente”.

La larga lista de los femicidios no se detiene

El diputado macrista Eduardo Cáceres puso en circulación información sobre su proyecto de Ley Alejo mientras se preparaba la manifestación a los tribunales de todo el país para reclamar una reforma judicial feminista, luego del femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas, donde fallaron todos los mecanismos de denuncia y prevención.

Tras ese caso que marcó otro punto de inflexión en la lucha del movimiento feminista, siguió creciendo la larga lista de femicidios en lo que va del año.

En la provincia de Formosa, Mirna Palma fue asesinada a tiros por su ex pareja, miembro de las fuerzas de seguridad. En Santiago del Estero, las hermanas Silvia y Silvana Rojas fueron víctimas del ex de una de ellas. En La Falda, Córdoba, todavía se busca infructuosamente a Ivana Módica, desaparecida desde hace diez días, y fue detenido su ex, oficial de la Fuerza Aérea.

También en Córdoba murió víctima de un femicidio Miriam Beatriz Farías, luego de estar varios días internada por las quemaduras causadas por su pareja, un policía provincial. En el caso de Emilse Stefanía Gajes, de 25 años y mamá de un bebé, el cuerpo apareció colgado de un árbol como si se tratara de un suicidio, pero la familia denunció que sufría violencia de género y apuntó a la ex pareja. En Córdoba ya se registraron por lo menos seis femicidios en lo que va del año, y se suman a reclamos de larga data, como las búsquedas de verdad y justicia por Delia Gerónimo, Marisol Reartes, Luz Oliva y Silvia Gallardo, por quienes se marchó esta semana en Traslasierra.

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