Se trata del cardenal Angelo Becciu, acusado por irregularidades en la compraventa de un edificio en Londres por 200 millones de dólares. El fiscal pidió 7 años y 3 meses de prisión y lo definió como el "verdadero instigador" de varias operaciones de este tipo.
El fiscal Alessandro Diddi pidió 7 años y 3 meses de prisión luego de repasar los hechos por los que desde 2021 investiga a Becciu y otras nueve personas por «peculado y abuso de poder».
Según Diddi, Becciu fue el responsable principal de la compra de un edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square con fondos del Vaticano, en un negocio que se descubrió fraudulento y supuso una pérdida para la Santa Sede de entre 139 y 189 millones de euros.
Tras el pedido de Diddi, será el tiempo de los alegatos de las defensas primero y la sentencia final luego, esperada hacia diciembre.
En las cinco audiencias que dedicó a la reconstrucción de los hechos, Diddi definió a Becciu como el «verdadero instigador» de varias operaciones de este tipo y añadió que el purpurado italiano, que se consideraba posible Papa en un futuro, «ordenó manipular las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultarlas de los controles».
De hecho, uno de los testimonios más fuertes contra Becciu llegó de parte de su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, para quien en la Secretaría de Estado hubo «clientelismo» y «deficiencias en la gestión de las finanzas» con un manejo opaco e irregular del cardenal italiano y su responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.
Becciu, que se declara inocente y víctima de una persecución, fue interrogado por primera vez, en un hecho inédito para la justicia vaticana, el 17 de marzo de 2022, cuando fue preguntado exclusivamente sobre una línea de la investigación, que busca esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con el cardenal enjuiciado.
Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la fiscalía vaticana consideró que «también surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno».
Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró «una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre», dentro de un megaesquema de fraudes.
Entre los acusados está también el operador financiero Gianluigi Torzi, imputado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.
También está entre los acusados quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.
En 2020, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y fue despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.
Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el «número 3» del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
En una primera etapa de las investigaciones habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la justicia vaticana incluso secuestró documentos.
Durante el juicio, en el que emergieron situaciones de alto impacto mediático como el rol de una supuesta espía italiana en una diplomacia paralela de la Santa Sede, quedó en evidencia también que en 2021 Becciu grabó y divulgó una conversación telefónica con el Papa.
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