Piden medidas preliminares para definir la denuncia del gobierno a periodistas

El costado judicial de la prohibición de ingreso del gobierno a los periodistas acreditados en la Casa Rosada comenzó a moverse en las últimas horas. El fiscal Gerardo Pollicita le pidió una serie de medidas al juez Ariel Lijo para definir si impulsa o archiva la denuncia de Casa Militar contra dos periodistas de TN por supuesta revelación de secretos políticos.

La denuncia en cuestión fue presentada a mediados de semana por Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, que es el organismo encargado de la seguridad presidencial. Los apuntados fueron la conductora Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acreditado de la señal en Casa Rosada.

Para el titular del organismo oficial, que el segundo haya grabado con anteojos inteligentes algunos pasillos de la sede del Poder Ejecutivo para un informe televisivo podría constituir un delito. Por eso, pidió que se investigue la posibilidad de que hayan incurrido en la revelación de secretos políticos y militares, algo tipificado en el Código Penal.

De momento, la denuncia le sirvió al Ejecutivo para dar de baja las huellas dactilares de la totalidad de los periodistas acreditados para cubrir la actividad presidencial, entre quienes está Tatiana Scorciapino, de Tiempo.

Esa reacción no sólo cultivó rechazos en la comunidad periodística local e internacional y en la dirigencia política: en los tribunales de Comodoro Py hubo quienes se expresaron asombrados por una decisión tan repentina como inédita. Uno de los comentarios que recabó este medio fue que no hay antecedentes históricos del cierre de la sala de periodistas.

Más allá de eso, el fiscal Pollicita le pidió el viernes al juez Ariel Lijo, ambos a cargo de la denuncia del gobierno, que ordene una serie de medidas para recopilar información. El representante del Ministerio Público solicitó que las autoridades del canal TN remitan el material crudo grabado en el interior de la Casa Rosada. Además, el fiscal busca que la Secretaría de Comunicación y Prensa, a cargo de Javier Lanari, remita información sobre las acreditaciones, entre otras cuestiones.

Según explicaron a Tiempo fuentes judiciales, con esas medidas Pollicita no le dio impulso todavía a la denuncia del gobierno. Lo que busca es encarar una investigación preliminar antes de decidir si corresponde que o no que se investigue lo que pretende el gobierno.

A priori, a menos que de las grabaciones en crudo surja que el acreditado se metió a un lugar al que no estaba autorizado, o que haya hecho algo por fuera de lo permitido, es difícil que la denuncia prospere, sostuvo una fuente judicial. Los profesionales acreditados en la sede del Ejecutivo tienen bien en claro lo que se puede y lo que no, y también que no fue la primera vez que un periodista grabó un video en esos pasillos.

Por un carril diferente hay otras dos presentaciones judiciales contra la decisión del gobierno nacional de impedir el trabajo periodístico de los acreditados en la Casa de Gobierno.

Una de esas lleva la firma de la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia), y fue presentada ante la Justicia Federal.

Según el texto de la denuncia, que publicó en sus redes, Pagano apuntó contra el presidente Javier Milei, contra Ibáñez de Casa Militar y también contra Lanari y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La exaliada libertaria pidió que se los investigue por posible abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

“Los hechos denunciados no son aislados. Integran un patrón sistemático de hostigamiento institucional contra la prensa independiente”, sentenció Pagano en su denuncia. En esa línea, enumeró el cierre de la Agencia Télam, los discursos presidenciales estigmatizantes, las campañas masivas de descrédito en redes y la prohibición selectiva de acreditaciones que sufrieron medios como Tiempo, El Destape, La Patriada, A24 y Ámbito Financiero a principios de abril.

La denuncia fue sorteada por la Cámara Federal y quedó radicada en el Juzgado que encabeza el juez Sebastián Ramos, de turno con el fiscal Ramiro González.

Al cierre de esta nota, el juez todavía no le había girado la presentación al fiscal. De todos modos, en Comodoro Py señalaron a este medio que es poco probable que la denuncia avance en el Fuero Penal por tratarse de una queja contra una decisión gubernamental. Recordaron que ese tipo de pleitos se tramitan ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

En ese marco, es probable que en el edificio de Retiro declinen la competencia y la manden para sorteo a la Cámara en lo Contencioso.

Por otro lado, las dos firmas a cargo de la edición de Ámbito Financiero se presentaron ante ese fuero para pedir una medida cautelar innovativa de carácter urgente. ¿El objetivo? Que se ordene la restitución del acceso de sus dos periodistas acreditadas a la Sala de Prensa de la Casa Rosada, según publicó ese medio.

Por tratarse de una medida que abarca a periodistas de casi 50 medios de comunicación, es de esperar que surjan nuevos reclamos tanto de las empresas como de organizaciones que las agrupan y de organismos no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística.

En las últimas horas hubo manifestaciones de repudio contra la decisión oficial por parte del gremio de prensa Sipreba, el foro FOPEA, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de diputados y la CGT, que difundió un comunicado en el que advirtió: “Silencian a la prensa en este circo sin pan”. «