Lo hace el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas a través de un amparo. Cuenta con adhesiones de organizaciones sociales, sindicales y diferentes figuras públicas.
En el pedido se subraya que “el punto más delicado de la situación se encuentra en la absoluta ausencia de información hacia la ciudadanía respecto de cuáles son las condiciones que el organismo internacional impuso a la República Argentina”.
Sucede que al firmarse el crédito stand by por fuera del Congreso la letra chica del endeudamiento no ha sido publicada. De haber cumplido con ese paso, la información se hubiera transparentado. Es por esto que uno de los puntos concretos del amparo presentado se enfoca en información relacionada a los intereses, prórrogas, comisiones, etcétera que deberá enfrentar el Estado nacional.
El pedido es relevante en tanto esa información permite pensar escenarios futuros en caso de que Argentina, como ha sucedido históricamente, no pueda afrontar pagos de deuda o sus intereses. Es decir, qué pasaría si el país, por ejemplo, no devolviera los 50 mil millones de dólares en los 36 meses acordados. Acerca de este tema, todos los análisis económicos y políticos son especulaciones, como se encarga de detallar el pedido de amparo.
Andrés Bernal, uno de los dos abogados que patrocina el pedido, dialogó con Tiempo y contó que apenas presentaron el amparo, desde el gobierno “publicaron una carta de intención que tiene como anexo el memorándum de entendimiento, que es una sumatoria de intenciones y de objetivos más bien difusos a los que se comprometería el país. Pero es completamente informal, y para un acuerdo de este tipo, que es histórico en cuanto al monto comprometido, es realmente insuficiente”.
El abogado explica que ninguno de los documentos publicados dice nada sobre las condiciones frente a un posible incumplimiento de la Argentina, o sea, “dicho de un modo llano y simple: los términos y condiciones reales del acuerdo permanecen ocultos. A través del amparo pedimos a la Justicia que ordene al gobierno nacional que nos brinde esa información de manera clara, precisa y detallada. El contrato, el detalle de las tasas y cómo varían por demora o pagos parciales. En definitiva, más que la letra chica, la minúscula, que permanece oculta a la población y queremos que se pongan sobre la mesa.”
Eduardo “Vasco” Murúa, referente del MNER y presidente de IMPA, presentó el amparo con un objetivo de llamar a los movimientos sociales, organizaciones sindicales a adherir a este planteo “que es muy sencillo en sus objetivos, ya que no se plantea ningún tipo de inconstitucionalidad, sino que den la información. Nos ocupamos de que el margen de maniobra del gobierno sea limitado”, explica su abogado. “Lo hicimos desde el movimiento y lo encaramos desde una perspectiva colectiva para que adhieran sindicatos, organizaciones y hasta ahora tiene muy buena receptividad”.
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