La Fiscalía ante la Cámara Comercial rechazó el fallo de primera instancia y solicitó que se curse el reclamo de los trabajadores del ex Grupo 23.

En agosto la jueza Vivian Fernandez Garello de Dieuzeide, subrogante del Juzgado Comercial 23, había rechazado el pedido de quiebra, considerando que no estaba probado el crédito laboral de los trabajadores. Una decisión que la fiscalía consideró de un excesivo «rigorismo formal», puesto que los empleados ya habían presentado sus recibos de sueldo y sus sábanas de aportes de ANSES (en donde además se mostraba la ausencia de aportes por casi un año, algo que según el dictamen también «podría configurar un delito»). Además, el Ministerio de Trabajo había corroborado la cesación de pagos y la situación de los periodistas era «pública y notoria».
Boquin también se basó en la presentación del abogado de los trabajadores, Pablo Godoy, en la que se probaba que el Banco Central registra la existencia de 377 cheques rechazados de Balkbrug SA, por más de 20 millones de pesos, deuda que la propia entidad considera «irrecuperable». La Fiscalía añadió que la ausencia de un representante de la patronal en las mediaciones del Ministerio de Trabajo durante este año demostró un «accionar malicioso» por parte de la empresa, que «impidió el ejercicio de la autoridad competente» y probó «la existencia de una cesación de pagos».
El dictamen no emite un juicio definitivo sobre la quiebra, sino que pide que se reabra la causa y se emplace al deudor para responder por la demanda. En caso de no hacerse, aclara la fiscal, se reserva la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema por vía extraordinaria. «
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