Durante la instrucción no se conocía que sus restos habían sido identificados en 2019 por lo que llegó a juicio por la desaparición del abogado de presos políticos.

Riveros, exjefe del Comando de Institutos Militares y de la Zona IV de Defensa, llegó al juicio imputado por la desaparición de Hernández, ocurrida el 11 de mayo de 1976. Sin embargo, a partir del testimonio de su hermano, José Hernández, se conoció que se había logrado la identificación de sus restos.
Según relató el testigo, en 2019 le habían entregado un legajo en el que la Policía Federal habría identificado los restos del abogado desaparecido. Esta información no era parte de la causa, que fue elevada a juicio en 2012. Según se comunicó en la audiencia, las actas llegaron a la Secretaría de Derechos Humanos durante el macrismo. Se notificó a la familia pero no la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, encargada de llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Al tratarse de pruebas que no estaban en el expediente, la fiscalía y las querellas solicitaron este jueves que se incorporen al juicio y que Riveros sea juzgado también por el homicidio a partir de que se pudo corroborar su fallecimiento.
A partir de su identificación, se pudo conocer que Hernández fue víctima de los vuelos de la muerte, un sistema de exterminio que ya fue probado que se utilizó en Campo de Mayo por parte del Ejército desde la pista con la que contaba el Batallón 601 de Aviación.
Su cuerpo fue encontrado el 23 de junio de 1976 en la zona rivereña de La Balandra de la localidad de Berisso y fue luego enterrado como NN en el cementerio de La Plata. La Policía Federal logró comparar las huellas dactiloscópicas tomadas en ese momento con las de Hernández, que tenían por la renovación de su pasaporte antes de ser secuestrado, y determinaron que eran sus restos.
“Esa prueba permitió conocer nuevas circunstancias y nueva información que amerita requerir la ampliación de la acusación contra Riveros como autor mediato del homicidio agravado de Mario Hernández”, solicitó el fiscal Marcelo García Berro, quien señaló que esta nueva información “sacó a la luz la vinculación de su secuestro y los tormentos por los que se ha requerido la elevación a juicio con el homicidio de la víctima”.
En el mismo sentido se pronunció el abogado Ciro Annicchiarico, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, quien adhirió al planteo fiscal de ampliación de la acusación al considerar que se trata de prueba nueva que no había sido analizada en la instrucción.
En la audiencia del próximo jueves, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín escuchará los argumentos de la defensa de Riveros para luego tomar una decisión.
Hernández era militante peronista y había conformado con Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña y Roberto Sinigaglia, entre otros, la Gremial de Abogados y luego la Asociación de Abogados Peronistas. Desde allí defendieron a los presos políticos de la dictadura de Agustín Lanusse y tuvieron un rol central en la denuncia de los fusilamientos de Trelew.
En la madrugada del 11 de mayo de 1976, cuando regresaba a su casa desde una cena, fue secuestrado en la localidad de Beccar, partido de San Isidro. Fue abordado a pocos metros de su domicilio por un grupo de personas armadas vestidas con uniforme militar, quienes dispararon varias veces y lo metieron en un vehículo. Desde allí, habría sido llevado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo.
Unas horas después fue secuestrado también su amigo Sinigaglia cuando llegaba a la oficina que tenían en el centro porteño y aún permanece desaparecido. En ese momento, ambos estaban conformando junto a Duhalde, Manuel Gaggero y otros abogados la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), para denunciar al terrorismo de Estado en el exterior.
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