Pietragalla Corti: “Somos querellantes en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel”

El próximo martes a partir de las nueve de la mañana comenzará el juicio oral y público contra cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que están acusados de haber asesinado a Rafael Nahuel. Este terrible hecho de violencia institucional ocurrió el 25 de noviembre del 2017, en el marco de una persecución y brutal represión que se desató en un terreno de Villa Mascardi. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa y busca encarecidamente que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, condene a los imputados.

«Para nosotros es un juicio muy importante, porque se trata de un hecho que tuvo mucha repercusión pública y que casi todos conocen”, explicó Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a Tiempo. Continuó remarcando que en este debate “un Tribunal Oral en lo Criminal juzgará si dentro de un Estado de derecho, las fuerzas de seguridad están habilitadas para perseguir y asesinar por las espaldas a las personas que ellos consideren que están cometiendo un delito, o si deben arrestarlas y llevarlas ante la Justicia”.

Violencia institucional, una deuda de la democracia

El secretario nacional también enfatizó que esto sucede “en un momento en el que justamente se está discutiendo esta problemática estructural entre las y los candidatos a presidente”. Continuó ahondando en que “entendemos a la violencia institucional como un problema muy grave que ocurre en democracia, por eso nosotros somos querellantes en la causa, queremos que estos casos no se repitan”.

“Sin embargo, a pesar de esta terrible y gravísima situación que atravesamos como sociedad, hay algunos gobernantes que -a lo largo de la historia política argentina- han aplaudido y aplauden a funcionarios que actúan violando los Derechos Humanos”, reconstruyó Pietragalla Corti. Es por todo esto que “nosotros asumimos el compromiso de tomar los pilares históricos que sustentan nuestra lucha: la memoria, verdad y justicia”.

“Abrazamos a las familias de las víctimas en momentos tan dolorosos como es la pérdida de un ser querido en manos de miembros de las fuerzas de seguridad”, expresó el secretario nacional a este diario. Finalizó remarcando que “el Estado les da un arma para que nos cuiden, no para que nos asesinen”.

Sobre el asesinato de Rafael Nahuel

El próximo martes 15 de agosto cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina comenzarán a ser juzgados por el homicidio de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017. El hecho sucedió en el marco de una persecución y brutal represión en un terreno de la localidad de Villa Mascardi.

Cabe destacar que los uniformados -en ese momento- cumplían órdenes directas de la entonces ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich. Tras lo ocurrido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación finalmente se constituyó como querellante en marzo de 2021, acusando a los prefectos imputados de haber asesinado a Rafael Nahuel luego de una persecución montaña arriba. Dispararon decenas de municiones de plomo cuando los miembros de la comunidad -que buscaban desalojar- ya habían abandonado el terreno bajo custodia.

El juicio y las imputaciones  

Los prefectos llegarán a juicio como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, aunque la Secretaría buscará probar durante el debate que se trató de un homicidio calificado, también intentará demostrar que no se trató de hechos de legítima defensa, sino que lo ocurrido fue un crimen en manos de los uniformados.

Durante el debate -que se desarrollará los días martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización- está previsto que declararán noventa testigos, entre prefectos, policías, peritos y miembros de la comunidad mapuche que resultó víctima de la represión estatal.

Cabe destacar, que a partir de la actual gestión de la Secretaría de DDHH de la Nación se constituyó como querellante en 16 causas de violencia institucional. Lo hizo con un criterio de litigio estratégico para problematizar y visibilizar lo que significa que miembros de las fuerzas de seguridad utilicen sus armas para asesinar a ciudadanos y ciudadanas por fuera de la Ley. El organismo nacional intenta que de esta forma se evite la repetición de estos hechos en democracia.