Piloto de los «vuelos de la muerte» violó diez veces la prisión domiciliaria

Se trata de Alejandro D'Agostino, responsable de crímenes de lesa humanidad y preso fuera de la cárcel desde 2012. Casi el 80% de los represores cumplen prisión domiciliaria.

Alejandro Domingo D´Agostino, represor que cumple prisión domiciliaria desde el 2012 por su rol en los denominados «vuelos de la muerte» durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, violó en diez ocasiones ese beneficio otorgado por la justicia. Entre sus víctimas se encuentran Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y otros militantes secuestrados en diciembre de 1977.

Ante las reiteradas faltas del represor, el fiscal Félix Crous solicitó al Tribunal Oral Federal 5 la revocación del beneficio de la domiciliaria. Crous había registrado inicialmente tres salidas no autorizadas de D’Agostino, pero posteriormente la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó que en realidad fueron diez. El fiscal señaló que estas acciones reflejan un incumplimiento flagrante de las condiciones de arresto domiciliario. La revelación surge de una investigación del medio Página/12.

D’Agostino formaba parte de la Prefectura Naval Argentina y fue piloto de la División Aviación de esa fuerza. Estuvo involucrado el vuelo que partió el 14 de diciembre de 1977 desde el Aeroparque de Buenos Aires, donde fueron arrojadas vivas al mar doce personas secuestradas por la dictadura. El avión utilizado, un Skyvan, fue repatriado a Argentina el año pasado, gracias a una investigación de la periodista Miriam Lewin.

El caso de D’Agostino no es un hecho aislado. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, el 79,87% de los condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria, lo que evidencia una tendencia a la flexibilización en el cumplimiento de condenas para represores.

Este fenómeno se enmarca en las declaraciones de funcionarios del actual gobierno, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes defendieron el beneficio de la domiciliaria de los represores. Estas posturas, sumadas a escándalos como la visita de diputados oficialistas a condenados por crímenes de lesa humanidad, alimentan el debate en torno a la impunidad y el respeto a los derechos humanos en Argentina.

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