Organizaciones sociales y piqueteras cortarán rutas en todo el país contra el despido de un millón de trabajadores

Todas las organizaciones sociales y piqueteras del país se unieron en un plan de lucha común. El gobierno nacional determinó el fin del programa Volver al Trabajo que todavía cuenta con más de 950 mil beneficiarios y cuyo último cobro se producirá el próximo 9 de abril.

El programa Volver al Trabajo resulta la continuidad del programa Potenciar Trabajo que, dependiente de la cartera de Desarrollo Social, ya el gobierno anterior había definido transferir a la órbita del entonces Ministerio de Trabajo con fecha del 1° de enero de 2024.

La modificación se fundamentaba en un enésimo intento de lograr un empalme de los beneficiarios de los programas cooperativos a la producción y el sector privado que, otra vez, fracasó.

El nuevo gobierno sostuvo la decisión de su antecesor y agravó el cuadro desenganchando el valor de los beneficios de la evolución del salario mínimo vital y móvil. Desde 2016, con la creación del salario social complementario (SSC) el haber de los beneficiarios de los programas sociales equivalía a un 50% del salario mínimo vital y móvil. El desacople tuvo como resultado un congelamiento de ese beneficio en los $79 mil que equivalen hoy a apenas un 22% de ese piso de ingreso legal situado en $352.400 y que también sufrió un fuerte deterioro con relación a la inflación.

Sin embargo, a pesar del fuerte deterioro del poder adquisitivo del beneficio, en un contexto de ajuste y empobrecimiento, representa un ingreso esencial para sus beneficiarios que se muestran dispuestos a defenderlo. Así, las organizaciones agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como del Frente de Lucha Piquetero, resolvieron una jornada de cortes de ruta en todo el país contra la decisión oficial.

La baja implica un ajuste directo de $ 72 mil millones mensuales que se suma a unos $ 90 mil millones adicionales por el desenganche con el salario mínimo vital y móvil. Son unos USD 1.500 millones que el gobierno pretende transferir desde los sectores más vulnerables a los más acomodados a través de una política tributaria regresiva. Con todo, advierten desde las organizaciones sociales, representa apenas el 0,1% del PBI que, sin embargo, “el Estado utilizará estos fondos para pagarle a multinacionales como Arcos Dorados (McDonald’s) o Sinteplast para que dicten «cursos de capacitación» que no garantizan ninguna contratación posterior”.

A ese monto corresponde sumar el ajuste en los alimentos para los comedores populares que los mismos beneficiarios aportan en construir y en el presupuesto que el Estado destina a las unidades ejecutoras en materia de herramientas de trabajo que utilizan las cooperativas en las que los beneficiarios realizan su contraprestación.

El ajuste es millonario y afecta también a los empleados públicos de la Secretaría de Trabajo que, en alrededor de cien podrían perder sus empleos como fruto del cierre de la dependencia que gestiona ese programa según denunció la Junta Interna de ATE del organismo.

Para la UTEP, “bajo la falsa promesa de una «reconversión laboral», el Gobierno Nacional ejecutará la eliminación definitiva del Salario Social Complementario, empujando a la indigencia a casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales de todo el país”. En detalle, la organización señala que “su eliminación en abril significa la destrucción directa de comedores, cooperativas de reciclado y espacios de cuidado en todo el país”.

Por su parte, el Frente de Lucha Piquetero liderado por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, señaló en un comunicado que desde las 11 horas del martes 31 de marzo habrá “Asambleas, cortes y ollas populares en todo el país” en rechazo a la “motosierra de Milei contra los trabajadores más pobres”.

A la vez adelantan que habrá dos asambleas centrales de todas las organizaciones a realizarse en las estaciones de Constitución, Once y Retiro. Las organizaciones aseguran que el “recorte de 600 millones de dólares salen de la economía y harán caer aún más el consumo”.

Por eso habrá cortes en La Quiaca,  Jujuy, San Pedro, San Salvador, en Córdoba capital y seis localidad de la provincia, en Rosario, en Comodoro Rivadia, Neuquén y Chaco entre otras. Se espera que la medida sea el comienzo de un nuevo plan de lucha de las organizaciones sociales y piqueteras en defensa de lo más elemental.