El plan de terminar con la democracia

Cada miércoles los alrededores del Congreso de la Nación se convierten en un lamentable escenario de violencia institucional donde las fuerzas de seguridad despliegan un desmedido dispositivo de represión contra una de las poblaciones más vulnerables: jubilados y jubiladas.

La represión diseñada por la genuflexa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich escala en brutalidad y violencia semana a semana y cambia sus objetivos a reprimir: jubilados, trabajadores de prensa, organizaciones sociales, y en estas dos últimas represiones, curas.

“Duele ver a miembros del pueblo obedecer a la orden del pecado antes que, a la orden de Dios, duele ver a algunos golpeando y gaseando a sus abuelos y a sus hermanos. Como curas allí estuvimos. Allí estaremos, porque creemos que allí está Jesús: en cada abuelo sin remedios, en cada abuela sin alimentos, en cada anciana sin abrigo, en cada anciano sin casa”, expresaron desde Curas Opción por los Pobres luego de que nuevamente reprimieran y golpearan a un grupo de sacerdotes que estuvo en el Congreso para rezar y acompañar a los jubilados.

“Estoy acá porque están lastimando al pueblo”, explicó escuetamente el padre Paco Olveira mientras era asistido luego de haber sido golpeado y gaseado por la policía federal. La misma policía que el 12 de marzo hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo quien continúa convaleciente.

De acuerdo a un informe de la Comisión Provincial de la Memoria, la movilización del 12 de marzo fue la “más violenta represión a la protesta social desde el 2001”, donde al menos 672 personas fueron heridas. Fue luego de esa represión que el gobierno no sólo no buscó solucionar la situación económica de los jubilados sino que ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para encontrar a quienes hayan cometidos actos “desestabilizadores”.

Así es que mientras el ministro de Justicia celebra el cierre de programas vitales para erradicar la violencia de género, cada miércoles el protocolo de Bullrich gasta sumas millonarias para impedir que 60 jubilados desplieguen sus carteles en la calle y con el semáforo en rojo.

Lo que no le gusta al gobierno es la democracia. No quiere que se ejerza el derecho a la protesta, contemplado en la Constitución Nacional. Primero se vale de estigmatización y discursos de odio para luego materializarla con balas de gomas y gases tóxicos. El avance contra los derechos de los ciudadanos argentinos comenzó con la  demonización de organizaciones sociales, sindicatos, artistas, personas LGBT, feminismos y todo aquel colectivo que ponga en peligro el proyecto de acabar con la vida democrática.

El panorama es hostil desde la perspectiva económica y desde la perspectiva social, aunque no desde la perspectiva democrática. Argentina es un país que tiene una larga trayectoria de violencias pero una profunda historia en recuperación de libertades. La vida democrática se ha construido en forma colectiva, en el territorio y poniendo el cuerpo. Desde el año pasado las manifestaciones de los jubilados crecieron y son la síntesis de la oposición a este gobierno. Bullrich cada miércoles siente que triunfa. Mientras celebra los heridos y acusa a la prensa se olvida que las y los argentinos organizados recuperaron al país una y otra vez.  «