Miles de personas marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Exigieron la liberación inmediata de los siete detenidos tras la represión del 18 de diciembre en Congreso y pidieron cárcel común para los genocidas beneficiados con prisión domiciliaria.
«La política represiva del gobierno incluye el avance de la impunidad con la prisión domiciliaria a Etchecolatz y decenas de genocidas condenados, el ascenso del gendarme Echazú (único imputado por el asesinato de Santiago Maldonado), y un avance en la represión y criminalización de la protesta social, para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo. El mensaje de disciplinamiento que pretende dar el Gobierno Nacional es tan brutal que a través del Ministerio de Seguridad ha denunciado a los diputados que se opusieron a tratar la Reforma Previsional el 14 de diciembre, expresaron desde Memoria, Verdad y Justicia en un documento.
Los detenidos todavía son siete y están en distintas cárceles. Dos de ellos son militantes del Partido Obrero. «César Arakaki y Ponce Dimas son víctimas de un intento de criminalizar la movilización popular. Estamos frente a una causa con un carátula armada solamente para impedir la excarcelación y con detenidos al azar», señaló Marcelo Ramal, dirigente del PO.
«Los compañeros detenidos son verdaderos presos políticos de Macri y su Justicia cómplice», concluyeron los organizadores de la marcha.
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