Por tercera vez, el fiscal Moldes favoreció a un funcionario del gobierno

En rigor, Quintana se benefició por la decisión del fiscal general ante la Cámara Germán Moldes, quien desistió de la apelación que buscaba profundizar la investigación sobre el número dos de Marcos Peña. 

Moldes tiene un criterio selectivo sobre qué causas deben seguir investigándose y cuáles no: en los últimos tiempos consintió que quedaran firmes los sobreseimientos de Mauricio Macri en los Panamá Papers; contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas, por presuntos pagos ilegales de la multinacional brasileña Odebretch; y de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y la difunta Ernestina Herrera de Noble por supuestos delitos de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa en los albores de la última dictadura.

El procedimiento judicial penal determina que un fallo de un juez de primera instancia puede ser apelado por las partes y por el fiscal. Cuando no hay querellantes, como en estos casos (particulares formularon la denuncia pero no fueron considerados «particulares damnificados»), el único que puede apelar es el fiscal. Pero esa apelación del fiscal de la primera instancia debe ser «sostenida» por el fiscal ante la Cámara. Una suerte de ratificación de que al representante de la sociedad, del pueblo, en el proceso, le interesa que se siga investigando. 

Si el fiscal  ante la Cámara desiste de la apelación, la causa se cae. Eso pasó, Moldes mediante, con los Panamá Papers, con Arribas, con Papel Prensa y, ahora, con Quintana. 

El vicejefe de Gabinete había sido denunciado por la legisladora porteña Gabriela Cerrutti, quien detectó que  el estudio Holland & Knight LLP, con sede en Nueva York, en el que es socio su hermano Norberto Quintana, intervino en la colocación de seis emisiones de bonos de la deuda. Se trata de deuda de al menos cinco provincias: Salta, Chubut, Mendoza, Buenos Aires y Tierra del Fuego. Las cinco firmaron esta semana el acuerdo fiscal con el gobierno nacional. 

En cada una de esas colocaciones, el estudio del hermano de Quintana, según la denuncia, cobró honorarios y comisiones. «Quintana debería abstenerse de participar en estas colocaciones donde uno de los beneficiarios es su propio hermano», sostenía la denuncia que, de mínima, invocaba el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública». 

Pero el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a Quintana –cuyo cargo es «secretario de Coordinación Interministerial de la Nación»–,  sin llamarlo a indagatoria. Consideró que había «inexistencia de delito».  

La decisión fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa, y elevada a la Sala Primera de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Desde el viernes, el tribunal tiene un cargo vacante: el que ocupaba Eduardo Freiler, destituido por un Jurado de Enjuiciamiento, tras una controvertida conformación de mayorías especiales en el Consejo de la Magistratura.

Cuando el tribunal se aprestaba a revisar la decisión del juez Ramos, «el Sr. Fiscal General de la instancia, doctor Germán Moldes, desistió del recurso de apelación interpuesto por su inferior jerárquico», explica la documentación a la que tuvo acceso Tiempo. En consecuencia, la Cámara tuvo por «desistido» el recurso de apelación. Así, quedó firme el sobreseimiento, obturada cualquier vía de revisión y el fallo adquirió fuerza de «cosa juzgada». La causa se inició a fines de mayo pasado y seis meses después ya está definitivamente cerrada. «