Por un puñado de dólares: Massa otorga nuevos beneficios para las exportadoras de soja

Se trata de la posibilidad de que estas firmas dispongan libremente del 25% de los dólares de las ventas al exterior. El 75% restante deberán liquidarlo en el mercado único de cambios (MUC) como hacen habitualmente aunque, en esta oportunidad, deberán concretar la operación antes del 30 de septiembre, que es cuando caduca este programa.

Además, podrán liquidar apenas un tercio de lo que corresponde por retenciones (oficialmente conocidas como derechos de exportación), dado que se reduce la base imponible y sólo se exige el pago de la mitad del impuesto en concepto de “adelanto”.

Así quedó estipulado en el decreto 443, publicado este martes en el Boletín Oficial y que restableció el Programa de Incremento Exportador (PIE), también llamado ‘dólar soja’, aunque en esta oportunidad con diferencias sustanciales respecto de su ediciones anteriores.

De acuerdo con versiones surgidas tanto desde Economía como desde las poderosas exportadoras de cereales, la estimación es que con este programa las empresas registrarán unos U$S 3500 millones en exportaciones de derivados de la soja, de los que unos U$S 2600 millones ingresarían a las arcas del Banco Central mientras que cerca de U$S 900 millones quedarían en poder de las cerealeras, que deberán liquidarlos sin pasar por el MUC. Como esos dólares provienen del exterior, deberán utilizar el mecanismo del dólar contado con liquidación (CCL), un dólar financiero que surge de la compra y venta de bonos de la deuda argentina o de algunas acciones de empresas argentinas que también cotizan en Nueva York, como es el caso de YPF y varios bancos.

Si bien el Ministerio de Economía llamó a este plan Programa de Incremento Exportador (PIE), se diferencia claramente de las tres versiones anteriores del “dólar soja” porque, en esta oportunidad, no generó un nuevo valor del dólar superior al de la cotización oficial. La explicación fue que la devaluación del peso, del 22,5% el lunes 14 de agosto, llevó el valor del dólar por encima de la cotización que se había establecido para promocionar las exportaciones de las economías regionales y el maíz, ubicado en ese momento en $ 340.

Eso significa que, a diferencia de las anteriores veces, en esta oportunidad los productores no tienen un incentivo para vender sus stocks de la oleaginosa, retenidos en los silobolsas. Esta es la razón por la que las organizaciones patronales que representan a los productores criticaron el decreto y el esquema que determina.

Así, el titular de la Sociedad Rural, Nicolas Pino, afirmó que «la publicación del decreto en el Boletín Oficial ratifica que, la instrumentación de estos anuncios, son un beneficio para el gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores«.

Desde el Palacio de Hacienda se reforzó la idea de que las cerealeras y la industria pagarán más por la soja de los productores porque, en los hechos, van a recibir unos $ 450 por dólar, valor que surge de la ponderación del 75% de las divisas liquidadas al valor oficial y el 25% liquidado en el mercado financiero. Sin embargo, los portavoces de los productores dudan que ese beneficio se traslade hasta sus bolsillos.

El beneficio para las cerealeras es amplio, ya que el gobierno incluyó en el decreto 443 toda la soja que estas firmas hayan comprado, antes o después de su publicación y con o sin precio fijado. Una práctica muy común en el comercio agropecuario es la venta de los granos sin un precio firme, que se puede definir al momento de la entrega de la mercadería o antes.

De hecho, en los considerandos del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos sus ministros, el gobierno nacional se hizo eco de un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario e indicó que “la molienda de soja en el primer cuatrimestre de la campaña es la más baja desde los años 2007 y 2008, mientras que la capacidad ociosa de la industria se muestra en ascenso”. Además, el decreto observó que “esta baja de molienda genera problemas de cumplimiento de contratos de exportación del primer complejo exportador del país y además pone en riesgo el empleo industrial, sustentado en el reclamo y preocupación presentados por los sindicatos aceiteros”.

Hay que tener en cuenta que las cerealeras (exportan granos y derivados) son grandes firmas que dominan el comercio exterior argentino, al punto que apenas siete concentraron el 40% del total de las exportaciones nacionales en el primer semestre de 2022 (medidas por valor).

Según diversas fuentes, los productores retienen unos 11 millones de toneladas de porotos de soja en sus silobolsas. Pero, al mismo tiempo, las cerealeras han adquirido casi 4 millones de toneladas de soja sin precio fijado y que aún no han exportado o industrializado, según los datos de la Secretaría de Agricultura.

Retenciones

El Palacio de Hacienda estableció, además, que las cerealeras deberán abonar un adelanto de las retenciones equivalente a la mitad del total que deberían pagar por todas las exportaciones que realicen hasta el próximo 28 de septiembre.

Asimismo, el decreto les reduce la base imponible y estas firmas podrán calcular ese adelanto sobre la base de lo liquidado en el MUC, es decir por el 75% de los dólares recibidos. El saldo podrán abonarlo hasta septiembre de 2024.

La razón de esta postergación está en un pedido de las exportadoras: si el próximo gobierno cambia las reglas de juego con una reducción de las retenciones, las firmas se habrán evitado pagar “de más”.

Se trata de un régimen muy especial ya que los demás sectores económicos y la población no gozan del mismo beneficio. Es consecuencia del poder que les genera la capacidad de controlar el comercio exterior nacional.