Prensa

A ningún gobierno le gusta que lo critiquen en los medios. A ninguno. Se resisten a la rendición de cuentas y a la transparencia. La diferencia está en las reacciones. De la moderación a la intolerancia, en el caso de los políticos. De los cuestionamientos sólidos a la militancia opositora y casi nunca explicitada, en el caso de la prensa.

En estos tiempos, la pandemia se convirtió en el nuevo pretexto para que trabajadores de prensa de América Latina sean atacados desde el Estado.

Así lo demuestra un informe publicado por Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información y que analizó qué ha pasado con la prensa en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Cuba.

El resultado es opacidad sobre datos oficiales, violencia contra periodistas, impunidad de los agresores y desinformación para la ciudadanía. Todos perdemos.

En México, las estadísticas sobre la pandemia son incompletas, y el manejo de la información por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha propiciado ambigüedad, confusión y escepticismo en torno a la gravedad del coronavirus.

Vale aclarar que la prensa no siempre merece laureles y no siempre es víctima. En México, como ha pasado en gran parte del mundo, la falta de rigor de periodistas y medios ha sido una constante. Algunos de los casos más graves fueron la publicación de fotos de muertos de coronavirus que no eran tales; llamados a desobedecer las medidas sanitarias y el anuncio de la muerte de un famoso empresario que, en realidad, no había ocurrido.

Desde marzo, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones a periodistas mientras cubrían la pandemia. En el 69.2 % de los casos se trató de autoridades que censuraron, estigmatizaron, intimidaron, hostigaron, bloquearon acceso a la información. Porque México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y no sólo cuando se trata de temas narco.

En Guatemala, los periodistas Marvin del Cid y Sonny Armando Figueroa fueron hostigados después de investigar el nombramiento de Ana Lucía Gudiel como portavoz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El presidente Alejandro Giammattei denunció que la prensa le exigía nombres, edades y direcciones de las personas contagiadas con coronavirus, lo que no era cierto, ya que lo que se solicitaba era el número de contagios, zonas de los mismos y pruebas realizadas, información que las autoridades se niegan a proporcionar. Es decir, transparencia. La censura de periodistas es cotidiana. No es de extrañar que más de 100 periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales denunciaran la actitud hostil e irrespetuosa del presidente hacia la prensa.

La organización C-Libre denunció que desde el inicio de la pandemia, en Honduras se han emitido 14 alertas por violaciones al derecho a informar cometidas por funcionarios. Una de ellas la sufrió el camarógrafo Javier López, quien cubría una represión en Tegucigalpa cuando fue amenazado con ser detenido y torturado. La periodista Paola Cobos también fue agredida por policías cuando consignaba la detención de una pareja. Los periodistas Roger Iraheta, Onán Zaldívar y Edward Fernández fueron detenidos mientras cubrían un desalojo. Los policías los esposaron, los despojaron de su equipo y borraron el material grabado.

Los colegas salvadoreños hace rato que denuncian el autoritarismo del presidente Nayib Bukele. Además de que el gobierno no responde solicitudes de información, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó que del 21 de marzo al 21 de abril se registraron 30 agresiones a periodistas a manos de la Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas. La Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos documentó 100 violaciones al derecho al acceso a la información. La situación cada día empeora.

Y Cuba, qué decir. Por un lado están las más de 445 notas del diario Granma sobre las misiones médicas cubanas a otros países y la eficacia del gobierno para contener los contagios. En el otro extremo tenemos a la escasa y perseguida prensa no oficialista que reporta las dificultades de la población para enfrentar la pandemia y la presión de la Policía Nacional Revolucionaria y del Departamento de Seguridad del Estado para evitar que se difundan las críticas.

Estos son apenas unos ejemplos. Porque las amenazas a la libertad de prensa existen. Son cotidianas, peligrosas. Pero nada tienen que ver con la sobreactuación de la elite mediática argentina que se victimizó durante las últimas semanas.

Seguimos.