Crece la preocupación de los trabajadores del ENRE por las decisiones del nuevo interventor

Desde que llegó la nueva intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), crece el malestar de los trabajadores al tiempo que se lleva adelante el incremento tarifario de Edesur y Edenor. En ese contexto, Darío Arrué -el interventor- decidió destituir al 90% de los jefes de área y solicitar a las nuevas autoridades propuestas de modificaciones en las misiones, funciones y dotación mínima de personal, todo un combo que causó preocupación.

A la vez, al interventor lo acusan de haber empezado actos de persecución y discriminación contra un grupo de trabajadores mientras lleva adelante un proceso de baja de salarios. Con menos de un mes de gestión, señalan que también nombró al abogado Eliseo Segura como secretario del Directorio con el sueldo más alto del organismo.

Otra cuestión que sorprendió a los trabajadores sucedió durante la audiencia pública sobre las tarifas, realizada el viernes. Arrué no ofreció definiciones técnicas ni de gestión, limitándose a leer un mensaje de apertura y clausura, dejando las definiciones del sector al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Son señales que incrementan la inquietud del personal del ente, más aún después de haber escuchado decir a Chirillo: «El ENRE está sobredimensionado».

Al llegar al organismo, además, Arrué decidió unilateralmente interrumpir las licencias extraordinarias del personal, obligándolos a regresar a las tareas en un plazo de 72 horas bajo la pena de ser despedidos por abandono de trabajo. Se trata de personal al que se les había otorgado licencias sin goce, comisiones de servicio en otros organismos y licencias por ocupar cargos de mayor jerarquía. 

“El ENRE funcionaría tranquilamente con 150 personas” es la frase que, según cuentan, Arrué repitió en distintas reuniones. Por eso los trabajadores están en alerta y estiman que podría haber un conflicto por eventuales despidos en enero en el organismo conformado por 410 empleados a cargo de controlar y regular el transporte de energía eléctrica en todo el país y la distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).