Una resolución oficial establece que las empresas deben comunicar los ajustes de cuotas a la Superintendencia de Salud en simultáneo con los usuarios. Buscan mayor control ante la escalada de precios del sector.
La normativa busca reforzar la fiscalización estatal sobre los incrementos tarifarios, en un contexto de tensiones recurrentes entre el Ejecutivo y las prepagas por los ajustes de precios. Durante 2024, el Gobierno intentó sin éxito contener las subas mediante reclamos y denuncias, aunque las empresas mantuvieron sus criterios de actualización.
Según la resolución, el objetivo es garantizar que tanto el Estado como los usuarios accedan de manera simultánea a la información, evitando «excesos» antes de que los aumentos se formalicen. La Superintendencia tendrá así la posibilidad de analizar los movimientos antes de su aplicación efectiva.
La medida llega en medio de un debate por el encarecimiento de los servicios de salud privada, que en los últimos años acumularon incrementos superiores a la inflación. El Gobierno insiste en la necesidad de mayor transparencia, mientras que las empresas argumentan que los ajustes responden a costos crecientes y a la falta de actualización de los valores regulados.
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