La iniciativa surge luego de que desde las inmobiliarias se presentara un proyecto de ley que elimina el corazón de la norma: la duración de los contratos y el índice de actualización.
Así lo confirmó a Tiempo Gervasio Muñoz, presidente de la organización civil.
La novedad surge inmediatamente después de que el sector de las inmobiliarias presentara en el Congreso un proyecto de ley que borra dos artículos de la Ley de alquileres, el que establece la duración de los contratos y el que impone un índice para determinar los incrementos anuales del alquiler.
«El mercado inmobiliario, los medios de comunicación, además de muchos sectores de la política, no pueden soportar que el Estado decida el precio de los alquileres. Se puede aceptar la urbanización de las villas porque ya no tocan los intereses de nadie, lo mismo con la entrega de poquitas casas por mes. Lo que desde ningún punto de vista pueden hacer es poner en discusión cuánto pueden ganar los rentistas en Argentina», dijo Muñoz.
El referente nacional de los inquilinos agregó: «Esa es nuestra pelea, denunciar una sociedad profundamente desigual, donde algunos pocos tienen cientos de viviendas y muchos nunca van a tener un lugar donde vivir».
En ese sentido, anunció que la organización está convocando a asambleas inquilinas el próximo sábado a las 16 en Bartolome Mitre 1767, CABA. «Vamos a empezar con las asambleas para convocar a movilizaciones, pero sobre todas las cosas, a algo que también hace falta hacer y es construir cada vez más organización porque lo único que va a lograr que el mercado inmobiliario deje de avanzar sobre la vida, pero también sobre una clase política cada vez más cobarde, es la organización de los inquilinos y las inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires».
Terreno de disputas
El Congreso es, desde hace tiempo, el terreno de disputas entre el poderoso mercado inmobiliario y de la tierra y los inquilinos, debilitados por su permanente atomización.
El proyecto presentado el jueves pasado lleva las firmas de la Cámara Inmobiliaria (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI).
Las entidades firmantes aseguraron que la iniciativa «traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres».
La propuesta exige que el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, con ajustes cuatrimestrales, como mínimo, usando un índice conformado, en partes iguales, por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado por el Ministerio de Trabajo). Y reclama que los contratos deberían tener «un plazo de vigencia mínimo» de dos años.
Respecto del rol del Congreso en el próximo período, Muñoz lo subordinó a la marcha del proceso electoral. «Creo que va a ser muy importante el resultado de las PASO», dijo, y agregó: «Si en ellas, Juntos por el Cambio y los libertarios hacen una gran elección y (Sergio) Massa no tiene los votos como para seguir en carrera después de las PASO, entonces el Congreso quedaría bajo el control de la oposición y, en ese escenario, pueden llegar a modificar la Ley de Alquileres con un sector del oficialismo profundamente debilitado en el Congreso y en términos políticos».
La advertencia de Muñoz apunta a que los sectores propietarios no van a esperar a que haya un nuevo régimen político en el país para intentar modificar o eliminar la Ley de Alquileres. Cabe recordar que el proyecto que presentaron días atrás las inmobiliarias y los desarrolladores se suma a otros varios que están dando vueltas en la Cámara de diputados, especialmente.
Para Muñoz, «hay un consenso muy importante en volver a flexibilizar los contratos de alquiler en Argentina y esto se engloba en otro consenso mayoritario de flexibilizar las condiciones laborales, achicar el Estado y devaluar. La Ley de Alquileres entra dentro de ese mismo universo. La Secretaría de Comercio no puede controlar el precio del azúcar, mucho menos va a controlar el valor de los alquileres». «
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