Presentan informe anual de situación en cárceles y comisarías bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este jueves por la noche su informe anual 2022, en el que expresa lo que sucedió y se registró durante el año pasado. El documento, titulado El Sistema de la Crueldad XVI, trata sobre distintos lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental del territorio de la provincia de Buenos Aires. En 2021 había más de 54 mil personas detenidas que estaban hacinadas, víctimas de la sobrepoblación y la práctica sistemática de la tortura. Sumado a esto, “el control territorial de las fuerzas de seguridad sigue generando violencia y muertes en forma continua” aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la CPM, a Tiempo. En este trabajo se registraron “120 muertes por uso letal de la fuerza, y la mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años”, resaltó.

“También hubo 25 muertes ocurridas en comisarías, estos fueron los números más altos de la última década” resaltó el secretario. La mitad de las comisarías “donde murieron estas personas estaban clausuradas o no habilitadas y sólo en quince de los casos se informó la causa de muerte” subrayó. Siguió detallando que hubo “siete casos de ahorcamiento, seis por problemas de salud y dos por agresión física que, además, en uno de ellos involucra a un efectivo de la Policía Bonaerense”.

“Durante el 2021 realizamos 456 inspecciones en cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental” repasó García. Por este trabajo y las denuncias que se reciben diariamente en la sede de este organismo y las que se relevan a través de la red de organizaciones territoriales que forman parte del programa Punto Denuncia Tortura, “realizamos 40.599 entrevistas con personas detenidas y familiares” aseveró.

Estas entrevistas que realizó la Comisión dieron lugar a 25.562 presentaciones judiciales de hábeas corpus y acciones individuales, “como así también 199 hábeas corpus colectivos por violaciones de Derechos Humanos estructurales y continuas en diferentes lugares de detención” señaló García. El contacto directo con las víctimas “nos permitió registrar 45.544 hechos de tortura, malos tratos y falta de acceso a la justicia que padecen las personas alojadas en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales” denunció.

“Los reclamos resaltan la falta de acceso a la justicia un 21 % de los casos, la afectación del vínculo familiar 20 % y la falta o deficiente asistencia sanitaria 17 %” enumeró el abogado. En este informe también se analiza el “exhaustivo relevamiento del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT)”, agregó.

Continuó contando que otra de las violaciones a los Derechos Humanos que abunda es el aislamiento extremo: “Al incremento de la sobrepoblación y hacinamiento se respondió con mayor aislamiento en celdas y pabellones. La gran mayoría de las personas allí cautivas permanecen aisladas en sus celdas más de la mitad del día” remarcó el abogado.

Intervinieron en 403 casos de “violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales, siendo el 15% de ellas niñas, niños o jóvenes”, dijo el secretario. Además, “también hubo otros 29 hechos con víctimas colectivas” , enfatizó García.

“A pesar de todo esto se sigue sosteniendo la curva ascendente de la tasa de prisionización”, advirtió el letrado. Mientras que en 2020 en la provincia de Buenos Aires “había 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 2021 el número trepó a 306 cada 100.000. Para diciembre de 2021 había un total de 54.107 personas detenidas”, enumeró. El crecimiento de la “población encarcelada entre 2020 y 2021, fue del 7.9 %”, agregó.

Como propuesta para resolver este problema, “el gobierno provincial construyó 1.300 nuevas plazas, pero ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos” advirtió. Si no se modifica “la política criminal, las medidas adoptadas no resolverán el problema” recomendó. 

“Las consecuencias de esta política están descriptas, fundamentadas en este Informe y exigen una urgente intervención por parte de todos los poderes del Estado” reclamó García. También describió que las personas que padecen el cautiverio sufren “hacinamiento y sobrepoblación que se combinan para producir una sistemática vulneración de los Derechos Humanos”.

El trabajo del organismo muestra que en 2021, la sobrepoblación en cárceles bonaerenses alcanzó el 111%, las 49.662 personas detenidas bajo la órbita del SPB están alojadas en las 22.060 plazas que tienen actualmente las 66 unidades penitenciarias. En comisarías la situación es aún peor: la sobrepoblación alcanzó el 232%, con 4.445 personas alojadas solo en 1300 plazas.

“Las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en las instituciones de encierro muestran la responsabilidad del Poder Judicial”, subrayó García. Continuó señalando que esto se puede observar claramente “en la producción, ausencia de control de legalidad sobre la actuación de las fuerzas policiales y penitenciarias”.

Situación de mujeres, travestis y trans

El informe de la CPM dedica una especial atención a la situación de las mujeres, travestis y trans en el encierro. “En 2021 se registró un aumento de las detenciones que alcanzó un total de 2.405 personas: la mayoría de ellas vinculadas al narcomenudeo en clave de acciones de sobrevivencia” remarcó García. Resulta preocupante la forma “en el sistema de encierro replica la violencia patriarcal”, agregó.

También aseveró que un solo dato “alcanza para graficar la grave situación que padecen las mujeres en el cautiverio. Mientras que en los varones la prisión preventiva alcanza el 52,5%, en las mujeres se eleva al 59,8% y en las personas travestis-trans un 73,2%”, enumeró el letrado. 

Muertes bajo custodia del Estado

Algo muy preocupante de lo que ocurrió en 2021 fueron las muertes bajo custodia del Estado. “En las cárceles de la provincia de Buenos Aires murieron 199 personas”, denunció. Lo más sobresaliente es que “el 87% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, es decir, son muertes que podrían haberse evitado si hubiese una gestión diferente del sistema de salud en el encierro” subrayó García.

El documento describe que esto implica un incremento de la tasa de mortalidad a 4,4 cada 10.000 personas contra un promedio de 3,3 de tasa promedio durante los años anteriores. Por eso, “una vez más insistimos con que de manera urgente la atención sanitaria de las personas privadas de libertad pase de la órbita del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud bonaerense como lo venimos solicitando hace años” reclamó el secretario. Sin embargo, “hasta  el momento no sucede y de este modo se sigue legitimando las muertes ocurridas bajo custodia estatal”.

“El gatillo loco” de Rodolfo Walsh

También hay un apartado del informe en el que el organismo analiza el despliegue de la violencia policial en los territorios, “específicamente en lo que refiere al uso letal de la fuerza” señaló García. Durante 2021 fueron “asesinadas brutalmente 120 personas a manos de fuerzas de seguridad, veinticinco de ellas eran menores de edad. En 8 de cada 10 casos se comprobó que la muerte se produjo mediante el uso del arma reglamentaria y con el policía fuera de servicio”, denunció en relación al gatillo fácil en los barrios.

El documento presentado deja al descubierto que la principal fuerza responsable de estos asesinatos fue la Policía Bonaerense con el 52%, le siguen los miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que resultan ser responsables del 21% de los asesinatos cometidos. Hace muchos años la CPM viene planteando derogar el estado policial para evitar estos homicidios que son cometidos por integrantes de las distintas fuerzas de seguridad.

Niñas, niños y adolescentes

La vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires también es constante. En lo que respecta al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se mantiene el diagnóstico de años anteriores: “No se respeta el principio de especialidad del Fuero, no hay comunicación periódica de los defensores ni de los juzgados con los jóvenes en situación de encierro, persiste la práctica de trasladarlos a unidades penales del SPB y se vulneran derechos esenciales de los y las adolescentes”, denunció el García.

“Hasta diciembre del 2021, la cantidad de población encerrada ascendía a 516 jóvenes en los dispositivos provinciales” reconstruyó el secretario. De ese total, “24 son no punibles, es decir, niños y niñas de 15 o menos” remarcó. También se analiza el funcionamiento “deficitario del sistema de promoción y protección de Derechos Humanos que producen estos lugares de encierro” finalizó el secretario García.

Podes acceder al informe completo ingresando a la página de la Comisión Provincial por la Memoria acá: www.comisionporlamemoria.org