La iniciativa, enviada por el ministro de Economía, Sergio Massa, establece la reducción de la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas humanas contempladas en la medida.

Además, se refirió al primer artículo de la norma, en la cual se establece el universo social alcanzado: “Quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos”.
“Este programa va a producir que muchos supermercados y comercios de cercanía facturen mucho más; así como también, va a permitir que, en algún momento en la Argentina, todo se haga vía tarjeta de débito y crédito”, aseveró Castagneto.
Por su parte, el director general de Aduana, Guillermo Michel, aseguró que “hoy el sistema está funcionando muy bien”, al tiempo que puntualizó: “Hasta ayer eran 10,7 millones de personas alcanzadas por el beneficio que accedieron a 17.000 millones de pesos”.
En esa línea, el responsable de la Aduana definió la medida como “una política de Estado que ya se ha implementado en la Argentina -y funcionó bien-”, y que -enfatizó- “ha atravesado a varios gobiernos”.
Respecto a la alícuota del IVA, Guillermo Michel explicó que, en el texto de la Ley, “está previsto definir la magnitud del monto de la devolución en función de la alícuota del IVA”.
En tanto, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, manifestó que el objetivo del proyecto es “eliminar el impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible”, así como también -expresó- “aumentar la capacidad de compra para determinados sectores, cuyos ingresos se destinan al consumo de productos de primera necesidad”, por lo cual -indicó- “nos enfocamos en la canasta básica alimentaria”.
“Queremos que esto se instale como una verdadera política pública”, aseguró la funcionaria, al señalar que “éste reintegro soluciona o atenúa el problema de regresividad que tiene este tipo de impuestos”.
Por último, Balestrini se refirió a la ampliación del régimen al asegurar que “en este proyecto de Ley no solamente se incluyen las tarjetas de débito, sino también las tarjetas de crédito y medios electrónicos de pago”, aunque remarcó: “Ampliamos los medios de pagos pero queremos poner un límite en cuanto el control”.
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