Presión para poner en marcha la ley de ART

A la norma, que responde al interés de las empresas de reducir el impacto de los juicios laborales, apenas adhirieron la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Mendoza. Con el resto de las jurisdicciones siguen las negociaciones, pero los principales esfuerzos del Ejecutivo y del lobby empresario están puestos en destrabar la decisión del Parlamento bonaerense.

Lo que se busca es que todas las provincias pongan en marcha las comisiones médicas jurisdiccionales. De ahora en más, según señala la ley nacional sancionada en febrero de 2017, esa junta será la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, que deberá dictaminar sobre el reclamo que plantee cualquier trabajador que se sienta afectado por una enfermedad o contingencia atribuida a su tarea. Ese paso previo, se estima, reducirá la cantidad de demandas judiciales contra los empleadores.

Esta semana los interesados aprovecharon las conversaciones sobre la reforma tributaria para instalar sus quejas contra la llamada «litigiosidad». 

El martes, tras recibir a los ministros Jorge Triaca, Francisco Cabrera y Nicolás Dujovne en la Unión Industrial (UIA), el representante de las alimenticias, Daniel Funes de Rioja, bramó porque, según argumentó, desde que la  norma rige en territorio porteño los juicios contra las patronales se instalaron del otro lado de la General Paz.

«Está claro dónde está el problema», respondió a Tiempo el titular de la federación Copal, que nuclea a los grandes fabricantes de alimentos y bebidas. El sector, que viene con números negativos a contramano de la tendencia general de la industria, es  uno de los más enérgicos negociadores a favor de las reformas. 

El textil Jorge Sorabilla, hombre de la UIA y de la hilandera TN Platex, coincidió con su par alimenticio y confió en que, una vez que el Parlamento bonaerense adhiera a la ley de ART, el resto de las provincias, empezando por Santa Fe, se sumará rápidamente. El cabildeo sigue su curso y seguirá en los próximos días con la seguridad de que la adhesión «es prioridad para (la gobernadora María Eugenia) Vidal». 

El jueves, en la 2ª Jornada de Justicia Laboral por la Competitividad Industrial, que se realizó en un hotel de Puerto Madero, el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, definió como «imprescindible» que la provincia se sume a la iniciativa. También allí, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, planteó que la ley de ART «es uno de los principales obturadores de la competitividad industrial» y exhortó a jueces y abogados a «trabajar por acuerdos».

Tándem

Mientras la ley de ART ganó espacio en las mesas de negociación, la reforma tributaria avanzó y retrocedió varias veces. 

El jueves el gobierno anunció, por medio del ministro Dujovne, que la propuesta oficial ingresará mañana –lunes– al Congreso Nacional. Pero hubo sectores del empresariado que amenazaron con levantar inversiones o con trasladar líneas de producción al exterior si la norma se aprueba en el estado en que llegará al Parlamento. 

Naturalmente, el gobierno sabe que hay disconformidades. Pero apuesta a ir al Congreso «a probar suerte con el proyecto como está», contó un alto dirigente que participó de numerosas gestiones. Los empresarios disconformes, referentes de aguas gaseosas y de la industria del azúcar, entre otros, lamentaron no haber podido «corregir el proyecto en origen» como hicieron las bodegas y las cerveceras, con Brahma y Quilmes a la cabeza. 

Aunque el viernes el proyecto de Macri circuló en algunos medios digitales, esas firmas advierten que la discusión aún «no está cerrada» y confían en la presión que puedan ejercer en los debates de comisiones y, por fuera, con los gobernadores de las provincias. El propio Funes de Rioja aprovechó el viernes la apertura de la 3ª Jornada Nacional de Alimentos y Bebidas para volver a la carga: «Todos tenemos que ceder, como dijo el presidente. Pero no se trata de ceder para perder competitividad. La coyuntura no nos puede alejar de una visión estratégica», masculló el abogado. 

Mientras tanto, el sector textil, otro de mal pasar, bendijo las reformas del gobierno, pero advirtió que «no alcanzan para compensar una caída del 20%». Sin embargo, en lugar de pedir cambios en la ley, las empresas confiaron que presentarán «un plan de fortalecimiento y desarrollo del sector», que por ahora mantienen en secreto. «