El gobierno hizo el pedido y, además, apeló ante una instancia superior. Está en juego el 51% de las acciones de la petrolera.
La defensa de Argentina sostuvo en dos textos separados que la orden de Preska representa un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y que la eventual entrega de las acciones sería un hecho de consecuencias “irreversibles”.
Uno de los argumentos centrales es que los demandantes ya manifestaron que venderán esos títulos apenas los reciban, lo que impediría cualquier restitución a la Argentina si la República ganara la apelación.
Las dos presentaciones judiciales también advierten que el país enfrentaría un “daño irreparable a su soberanía” y se vería forzado a optar entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
Según la defensa, cualquier traspaso de esa participación estatal exige aval legislativo con mayoría de dos tercios, tal como establece la ley de expropiación de YPF sancionada en 2012.
Además, se planteó que la sentencia de Preska infringe la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios básicos del derecho federal estadounidense.
Como refuerzo, se mencionó la Declaración de Interés presentada durante el gobierno de Donald Trump por el Departamento de Justicia, que según la defensa representa una señal de respaldo a la posición argentina.
Ahora, la expectativa oficial está puesta en la definición que tomará la magistrada mañana. Una eventual suspensión del fallo permitiría al país sostener su participación mayoritaria en YPF hasta que se resuelva la apelación de fondo, que presentó esta semana, días después del pedido de detención de la sentencia (stay en la jerga legal de EE UU). De lo contrario, se abriría un nuevo frente judicial con consecuencias políticas y económicas de alto impacto.
El lunes 1 de julio, un día después de conocerse la sentencia de Preska, la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, elevó el pedido de suspensión de la orden con una cautelar.
En el escrito se remarcó que el interés público está en juego, ya que no se trata de un conflicto comercial común, sino de una situación que involucra a un Estado soberano, su legislación interna y una empresa que cotiza en bolsa y tiene 23.000 empleados. Por eso, se insistió en la necesidad de suspender la ejecución de la orden hasta que la apelación sea resuelta.
El monto es otro de los puntos de discusión en el futuro cercano. En el gobierno se muestran convencidos que puede ser “mucho menor” a los U$S 16.100 millones definidos por Preska, dependiendo si se toma al tipo de cambio de pesos a dólares de cuando se realizó la expropiación, en 2012, o bien cuando se decidió la ejecución, en septiembre de 2023, así como el precio de las acciones en cada momento. «
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