Presupuesto 2022 y reelecciones: la rosca que viene en la Legislatura bonaerense

El gobernador Axel Kicillof ultima los detalles del Presupuesto 2022 y la ley impositiva que enviará esta semana a la Legislatura bonaerense. Los dos proyectos, sumados a la modificación de la ley que limita las reelecciones, centralizarán la rosca con la oposición hasta fin de año, en medio de la nueva relación de fuerzas que se dará tras el recambio en ambas cámaras.

El texto del Presupuesto 2022 que pule por estas horas el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y su equipo volverá a tener como prioridad a la obra pública y también tendrá mayor inversión en seguridad, salud y educación, según confiaron fuentes oficiales. En cuanto a los impuestos, el proyecto de ley avanzará con medidas que le den «mayor progresividad» al sistema tributario para que paguen más los sectores de mayor poder adquisitivo.

El desembarco de los dos proyectos de ley implicarán el arranque de una nueva negociación con Juntos por el Cambio, ya en el escenario postelectoral. En el Senado, el oficialismo recuperó 3 bancas claves y, a partir del 10 de diciembre, quedará empatado con la oposición en 23 escaños cada uno. Pese a la mejora en los números -hoy Juntos es mayoría y tiene un bloque de 26 sobre 20 del FdT-, Kicillof necesitará de los votos opositores para el quórum y los dos tercios de los votos necesarios aprobar el pedido de endeudamiento que siempre incluye la ley de leyes.

En Diputados, también necesitará de aliados para oder aprobar las leyes. Tendrá 42 bancas a partir del recambio -hoy tiene 44- y Juntos pasará a tener 41, Cambio Federal y el Frente de Izquierda tendrán 2 escaños cada uno, mientras que Avanza Libertad contará con un bloque de 3. Además habrá dos unibloques que hoy juegan como aliados del gobierno.

La discusión por el presupuesto abrirá la negociación por otros temas que la oposición viene reclamando desde el arranque de la gestión de Kicillof, como la cobertura de los cargos en el directorio del BAPRO y en otros organismos del Estado. Actualmente existen sólo cuatro directores de los ocho que debe tener la banca pública. Junto al presidente, Juan Cuattromo completan el mínimo de cinco miembros para poder sesionar. Juntos reclama tres de los lugares vacantes.

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, será el protagonista central de la negociación con la oposición. Antes de las elecciones generales ya comenzó a tender puentes para los acuerdos de fin de año. Se reunió con jefes comunales y legisladores del Foro de Intendentes Radicales, con quienes el gobierno asegura tener mejor sintonía que con el PRO, con el objetivo puesto en sus votos. El resultado de la elección profundizó las diferencias entre los socios de Juntos y en las filas radicales algunos ya se muestran partidarios de armar un interbloque en la Legislatura. Esa sería una muy buena noticia para el oficialismo.

En paralelo al tratamiento del Presupuesto y la ley impositiva se abrirá otra pulseada por la ley que limita las relecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares desde 2016. Empoderados por la remontada del Frente de Todos, los intendentes peronistas renovaron su reclamo al presidente Alberto Fernández y al propio Kicillof para derogar esa norma -la N° 14.836- o, al menos, modificarla para que se tome como primer período el de 2019 y tengan entonces la chance de volver a postularse en 2023. De no haber cambios, más de 90 jefes comunales tanto del Frente de Todos como de Juntos y vecinalistas quedarán fuera de la carrera local hasta 2027.

El límite a las reelecciones divide las aguas hacia adentro del gobierno en la Legislatura ya que fue el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa, uno de los impulsores de esa ley junto a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. El massismo ya avisó que se mantiene en su postura y lo mismo ocurre con Juntos. Es por eso que en el gobierno no descartan tampoco la vía judicial, es decir pedir una declaración de certeza sobre cuál es el primer período que que se toma en consideración, si 2015 o 2019, ya que la ley fue aprobada en 2016 y no puede ser retroactiva. Todas las alternativas están sobre la mesa. Lo que está claro es que el oficialismo quiere resolver el tema antes que termine el año.