Aluvión de preventivos de crisis: extorsión para vulnerar los convenios

Por apenas 28 votos de diferencia, la asamblea de trabajadores de Granja Tres Arroyos aceptó la propuesta patronal que implica una reducción salarial del 9% y la baja del plus por presentismo del 12% al 10%. La planta en la que trabajan 700 personas había rechazado con un paro total casi 80 despidos que fueron reincorporados conciliación obligatoria mediante. Un día antes de su finalización, la empresa hizo un lock out que fue repudiado por una pueblada en Concepción del Uruguay, donde el presidente Javier Milei obtuvo casi el 65% de los votos en las presidenciales de 2023.

La nueva realidad obligó a la empresa a realizar esa propuesta aunque la precedió con la presentación de un procedimiento preventivo de crisis (PPC) con el que pretenden eliminar 400 puestos de trabajo. La asamblea aceptó que, en nombre de una crisis «por fuerza mayor», las posibles indemnizaciones por despidos sean al 50%.

Arma de «negociación»

«Los procesos preventivos de crisis crecieron en forma alarmante. Lo reconocen incluso los funcionarios de carrera de la Secretaría de Trabajo», confirma Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL). «No todas las empresas recurren a ellos para despedir. A veces acuerdan en una audiencia con el Ministerio suprimir algún derecho y abaratar el llamado costo laboral», detalla el especialista.

El recurso, en general, emerge como una herramienta de extorsión sobre los trabajadores y los sindicatos. Se extiende en todo el país y en particular en los sectores industriales cuya rentabilidad, dicen, se ve afectada por la pérdida de competitividad cambiaria y el derrumbe del consumo interno.

Sin embargo, para que un proceso de esa naturaleza que habilita despidos masivos, violaciones al convenio e indemnizaciones especiales, obtenga el visto bueno del Estado, según la legislación vigente, debe cumplir un requisito clave: la empresa debe abrir sus libros y mostrar tres ejercicios consecutivos con pérdidas. Algo que difícilmente puedan exhibir en la actualidad.

El recurso, sin embargo, sin necesidad de ser aprobado resulta efectivo en un contexto de  desempleo para imponer nuevas condiciones y despidos. Es lo que intentaron hacer las patronales del neumático Bridgestone y Fate con el firme rechazo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). «La experiencia del neumático fue así», recuerda Pérez Crespo. «Cuando Fate fue presionada para presentar los tres últimos balances se pudo comprobar que habían tenido ganancias por U$S 192 millones. Dicen que prevén que los años que vienen serán peores. ¡Pero ese argumento no corre!».

El titular de la AAL aclaró que «no digo que no haya crisis en empresas como talleres metalúrgicos y muchas otras con problemas. Pero la realidad es que los están utilizando, más que para despedir, como un mecanismo para presionar hacia una modificación sustancial en las condiciones de trabajo como el incremento de los ritmos, cambios en la jornada de trabajo, eliminación de suplementos adicionales y premios. Ese es el objetivo más importante que se está dando en la actualidad».

Como mancha de aceite

Al mismo recurso apeló la aceitera Vicentin que hizo su presentación en diciembre con el propósito de acelerar una definición favorable de la Justicia a su concurso de acreedores. Pero con ese recurso pudo imponer un acuerdo con el sindicato para desdoblar el pago del bono de fin de año, congelar salarios por tres meses y eludir contribuciones patronales. Ese compromiso, sin embargo, resultó violentado en los últimos días cuando la empresa anunció que no garantizaría los salarios de febrero. Los gremios, ahora, amenazan con un paro de toda la industria aceitera.

Más de 20 autopartistas cordobesas ya sustanciaron los trámites de sus procesos preventivos con el propósito de avanzar con despidos. Aceros Zapala también presentó en noviembre un PPC por la crisis de exportaciones.

Los ingenios azucareros del Norte también buscan generar un escenario de zozobra para imponer nuevas condiciones laborales. La emblemática Ledesma anunció 165 despidos en Jujuy y el Ingenio El Tabacal, de Salta, avanzó con 50 cesantías. En ambos casos, a pesar de las divisiones que imponen las patronales a través de diversas modalidades de contratación, los trabajadores preparan acciones de lucha con paros piquetes y bloqueos.

Algo similar ocurre con la fabricante de gases Praxair cuyos trabajadores resisten despidos antisindicales hace ya casi tres meses.

La gráfica Anselmo Morvillo optó por otro recurso. Pidió su propia quiebra para anunciar el cierre de su planta luego de 50 años de liderar el mercado. Con ese mecanismo busca generar 60 días de impasse durante los cuales negociar condiciones de retiro particulares o, según sus trabajadores, avanzar sobre los derechos conquistados y viabilizar la entrada de un nuevo inversor. Los trabajadores liderados por su comisión interna ocuparon la planta y exigen la continuidad productiva.

Sancor, por su parte, dio lugar a un concurso de acreedores que, explica Pérez Crespo, «es una medida hacia los acreedores y no los trabajadores pero puede ser mixta». Es que, detalla, «si la empresa no puede pagar una deuda, pide que el juez convoque a los acreedores para que haya un plan de pago y quitas. Si fracasa va a la quiebra y allí se pueden avasallar derechos de los trabajadores. Se usaba antes de la creación de los preventivos de crisis y se convocaba a los trabajadores porque podían suspender hasta tres años el convenio. Distinto es el pedido de quiebra».

Lo cierto es que «cada empresa mide qué recurso adoptar en función de lo que le conviene y las condiciones que enfrenta. Una de ellas es la actitud del sindicato», explica Pérez Crespo. Todas ellas apuntan a lo mismo: revertir conquistas que «después son muy difíciles de revertir. Están inscriptos en esta pérdida de derechos que ya lleva varias décadas y ahora pretenden que sean más graves y profundos».

El resultado final dependerá de la disposición de los trabajadores y sus sindicatos a defender sus derechos. En los conflictos mencionados, a pesar de la inmensa presión que impone el contexto, dan cuenta de una actitud firme de los trabajadores. «