El ex presidente adelantó que está dispuesto a competir en 2022 y conversa con empresarios y evangélicos para rearmar la alianza con la que gobernó desde 2003. El Supremo Tribunal Federal ahora pide investigar la gestión de la pandemia y genocidio indígena.

Conocedor de su destino en el mundo, el ex delegado metalúrgico volvió este sábado a la sede del sindicato que supo conducir, en las afueras de San Pablo, para participar de una campaña de recolección de alimentos para paliar la hambruna que se vive en muchos rincones de Brasil. “Este país tiene tierra, tiene producción. No hay otra explicación para el hambre que la irresponsabilidad de quien gobierno. Brasil podría tener cualquier otro problema menos el hambre”, lamentó Lula frente al edificio donde alumbró su sueño de presidir la nación, a mediados de los 80, y se despidió de su pueblo antes de presentarse detenido por orden de Moro, el 7 de abril de 2018.
Lula fue liberado 580 días más tarde. Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto sin haber disputado en las urnas contra el líder más influyente en la historia de Brasil. Ahora el escenario es otro. Y el manejo de la pandemia fue clave para que quienes preferían cualquier cosa a un nuevo período de Lula se lo hayan pensado.
Las encuestas le dan una amplia base electoral para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que adelantó que piensa volver al combate. Pero las elecciones son recién el año que viene. Mientras tanto, Lula -un experto negociador, habilidad curtida en cruces con empresarios desde su juventud en pos de beneficios para los trabajadores mayoritariamente de automotrices del cordón industrial paulista- viene conversando con todos los sectores para recomponer la alianza que lo llevó al poder en 2003. Una alianza democrática, en el fondo.
Es así que estrecha vínculos con Josué Gomes da Silva, el CEO de Coteminas, la empresa textil que en Argentina se hizo de algunas de las plantas y las marcas de la antigua Grafa, hijo a su vez de José Alencar, que fuera vicepresidente de Lula. Alencar -que murió en 2010- pertenecía al Partido Liberal (PL) y a la Iglesia Universal del Reino de Dios. La preocupación de Bolsonaro no es solo porque Alencar Junior representa a un sector influyente del empresariado -es la mayor textil brasileña- sino entre los evangélicos.
Bolsonaro dejó trascender su inquietud y la respuesta que piensa dar cuando declaró que “si Lula volviera por el voto directo auditable, todo bien. Pero vean cuál va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer dentro de la Presidencia”. O sea, amenaza de embarrar la cancha y denunciar fraude antes de que se realicen elecciones, bien a lo Trump. Por las dudas, iniciará en un par de semanas visitas a templos pentecostales para renovar la promesa de colocar a un ministro “terriblemente evangélico” en el STF.
El STF, por ahora, le manifiesta el cambio de viento político en su país. Si en 2018 aceptó la presión abierta y desbocada de jefes militares para que no permitieran la candidatura de Lula, ahora libera al dos veces presidente, le permite candidatearse, abre la posibilidad de juzgar a Moro por manipular a la justicia y confirma la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar si el inquilino del Planalto cometió “omisiones” ante la emergencia por el Covid-19.
Por su esto no bastara, la jueza del STF Carmen Lucia dio un plazo de cinco días al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para que explique por qué no abrió un pedido de juicio político contra el presidente, de-nunciado por cometer un genocidio indígena por su gestión de la pandemia en las comunidades originarias. Irónico y burlón, Bolsonaro publicó en las redes sociales un video en que responde a la magistrada. «Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto».
Confía en que, hace algunas semanas, cuando veía que se le venia la noche, articuló con el llama-do “Centrón” para poner en los puestos claves para abrir el impeachment -presidencia de ambas cámaras- a aliados. Y dentro de todo, la comisión ordenada por el STF no parece estar en manos de enemigos declarados. Al menos, el relator -el que arma el argumento de la acusación- será el senador Renan Calheiros, del MDB. Que fue el que en 2016 permitió abrir el juicio destituyente contra Dilma Rousseff.
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