Procesan a ocho personas en la causa por la desaparición y femicidio de Johana Ramallo

Cinco mujeres y tres hombres fueron procesadas en la causa por la desaparición y femicidio de Johana Ramallo, quien fue vista por última vez en junio del 2017 en un contexto de trata de personas. Sus restos mutilados fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018.

La resolución de 169 carillas, a la que tuvo acceso Télam, fue dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, quien procesó a ocho personas por explotación sexual de mujeres y comercialización de drogas en la denominada «zona roja» de la capital bonaerense.

Además, el juez impuso la prisión preventiva a cuatro de ellas y embargos de hasta 30 millones de pesos.

Los procesados son cinco mujeres y tres hombres que “tenían un vínculo directo con las actividades ilícitas que se desarrollaban en la ‘zona roja’ y el contexto que dio lugar a la desaparición y posterior femicidio de Johana Ramallo”, señaló Ramos Padilla en su resolución.

Se trata de Carlos Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Andreza Benítez, Sayuri Valentina León, Andrea Camila Barreto, Nicole Guerra Guerrero, Paola Erika Garraza y Hernán Rubén García.

Para el juez, “ese complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en la ‘zona roja’, conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona y, en particular, el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana”.

Desde marzo del año pasado, Ramos Padilla impulsó la investigación para analizar el contexto en que había ocurrido el femicidio de Johana y le dio intervención a distintas áreas especializadas en violencia de género y trata de personas, quienes propusieron distintas líneas de trabajo que culminaron en estas detenciones y procesamientos.

Con la nueva resolución, ya son nueve las personas vinculadas a la causa -ya estaba imputado Carlos Omar Rodríguez, alias “El Cabezón”-, todas con similares acusaciones, la mayoría de las cuales continuarán detenidas, aunque algunas de ellas con prisión domiciliaria.

Los detenidos abarcan toda la línea de comercialización de estupefacientes, desde quienes proveían cocaína fraccionada para distribuir para la venta, hasta quienes concretaban la venta al menudeo, explicaron las fuentes.

Se trata, en algunos casos, de las mismas personas que sacaban rédito del trabajo sexual de terceros, tanto a través del cobro de “las paradas” en las esquinas, como también en la figura de lo que se conoce como “8.40”, expresión utilizada para referir a aquellos hombres que se quedan con el dinero del trabajo sexual de una mujer.

“Si bien no se ha alcanzado aún a conocer la verdad sobre la muerte de Johana Ramallo, sí se ha logrado determinar cuál era su situación en ese ámbito y cuáles los costos y los peligros que suponían llevar adelante esa actividad en ese contexto”, indicó Ramos Padilla en su resolución.

“Se pudo identificar a una serie de personas que llevaron a cabo acciones sostenidas en el tiempo que, además de configurar el entramado criminal que fue el principal determinante de esa muerte violenta, constituyen por sí solas graves ilícitos tipificados en el Código Penal”, apuntó el magistrado.

En los allanamientos realizados este año se secuestró alrededor de medio kilo de cocaína fraccionada para su venta al por menor en la “zona roja” de La Plata.

Las imputaciones fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, representado en la causa por las fiscalas María Laura Roteta, Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata de Personas y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres.

Un contexto de vulneraciones

En paralelo, el juez puso de relieve en el escrito que las trabajadoras que eran explotadas sexualmente y utilizadas para la venta al menudeo de estupefacientes “se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad desde una perspectiva tanto social, como económica, vincular y familiar, presentando en algunos casos, además, fragilidad en su salud física y psíquica”.

“Estas vulnerabilidades constituían las condiciones necesarias para la explotación y el abuso por parte de los integrantes de las organizaciones criminales que operaban en la ‘zona roja’”, consideró.

A la vez, evaluó que “el ciclo de la explotación sexual y el comercio de drogas se retroalimentaba también a partir de la propia dependencia física y psíquica a las drogas por parte de las trabajadoras sexuales -especialmente cocaína- la que muchas veces era generada, estimulada e intensificada a su ingreso a la ‘zona roja’, tal el caso de Johana Ramallo”.

En ese marco, indicó, “a muchas de ellas se les dificultaba salir de este círculo vicioso, pues necesitaban obtener dinero producto del ejercicio de la prostitución y la venta al menudeo de drogas para solventar su propio consumo de estupefacientes, que los mismos controladores que ejercían dominio sobre ellas y las ‘protegían’ distribuían allí y estimulaban consumir y comercializar”.

“Así ocurrió con Johana Ramallo y múltiples jóvenes que declararon ante este Juzgado y describieron pormenorizadamente la violencia y las dificultades que atraviesan aquellas que ejercen como trabajadoras sexuales en la ‘zona roja’”, aseveró el juez en la resolución.

“Entre las distintas vulnerabilidades, entonces, es necesario hacer hincapié en particular en este consumo problemático y en la adicción física y psíquica a sustancias estupefacientes que padecían muchas de las víctimas de explotación sexual”, destacó.

El magistrado consideró que esa situación de dependencia «actuaba como condicionante en las relaciones interpersonales y de poder entre estas mujeres y los sujetos controlantes de las actividades de la ‘zona roja’, tornando a aquéllas más susceptibles al abuso y la explotación -llegando incluso a casos extremos, como el de la desaparición y posterior muerte violenta de Johana Ramallo”.

«Por todas las pibas

Por su parte, Marta Ramallo la mamá de Johana y quien encabeza el pedido de justicia por la joven, dijo a Tiempo Argentino que «no estaba equivocada cuando señalaba la zona roja en la desaparición de Joha». La mujer dijo que la justicia «funciona mal cuando se trata de desapariciones de chicas».

También recordó que en la primera reunión con el juez Ramos Padilla le pidió que investigue en profundidad la zona, «se lo deben a todas nuestras pibas», dijo. 

El caso de Johana

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de Marta y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta 2019.

Aunque aún no se determinó el autor material de su femicidio, la investigación trabaja sobre el contexto en el que se produjo y en la forma en que operaba una red de explotación sexual, tráfico y comercialización de drogas en la llamada “zona roja” de La Plata.