Procesaron a un juez de la dictadura, un exfuncionario municipal y a expolicías por encubrir los vuelos de la muerte

Luego de las condenas en los últimos años a los responsables de los Vuelos de la Muerte, avanza una causa en la jurisdicción de Dolores en la que se investiga el encubrimiento de esos delitos en localidades de la Costa Atlántica donde aparecieron algunos cuerpos que habían sido arrojados al mar y que fueron enterrados como NN.  

El juez federal Martín Bava, decidió procesar por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Carlos Facio, juez penal de Dolores durante la dictadura; Miguel Cabral, médico de la Policía Bonaerense con jurisdicción en el territorio de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, y a Juan Domingo Montenegro, director de Rentas y Catastro de la Municipalidad de General Lavalle.

Junto a ellos también fueron procesados los agentes de la Policía Bonaerense Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Alberto Martinez, Edgardo Emilio Luchetti, Mario Castronuovo y Francisco Enrique Aristegui, quienes prestaban funciones en diferentes localidades de la costa donde fueron hallados los cuerpos, como Lucila del Mar, Santa Teresita, Pinamar, San Bernardo y San Clemente.

La causa investiga el encubrimiento de los crímenes de los que fueron víctimas 14 personas cuyos cuerpos fueron hallados en la costa entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 y enterrados como NN.

Sólo diez de ellas pudieron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la vuelta de la democracia:  Santiago Bernardo Villanueva; Jesús Pedro Peña; Helios Hermógenes Serra Silvera; Oscar Néstor Forlenza; Isidoro Oscar Peña; Carlos Antonio Pacino; Omar Rodolfo Farías; Cristina Magda Carreño Araya; Nora Fátima Haiuk De Forlenza y María Cristina Pérez. Cuatro resultaron ser víctimas del circuito represivo “ABO”, que componían los centro clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

Todos los cadáveres se hallaban desnudos, con las manos atadas, algunos tenían heridas de bala y todos tenían huellas de las torturas y haber sido arrojados desde una gran altura. Sin embargo, el juez Facio, a cargo de las investigaciones, “no llevó adelante ninguna acción para comprobar las circunstancias en que se cometieron los catorce asesinatos que tenía acreditado”, señaló Bava en el procesamiento.

Para el juez, Facio, nombrado durante la dictadura por el interventor de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, “simuló que llevaba adelante una investigación”: llevó los expedientes por separado, como hechos aislados, y los cerró en plazos de no más de seis meses sin que haya realizado ninguna medida de prueba para descubrir la verdad.

Facio, además, impidió que tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo que se acercaron a su juzgado, Nora Cortiñas, Hebe Pavello de Mascia y Josefina de Noia, pudieran hacer un reconocimiento de esos cuerpos para ver si entre ellos estaban sus hijos o hijas.  

“Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”, concluyó Bava sobre el rol del ex juez.

En cuanto al resto de los imputados, el juez federal consideró que todos hicieron su aporte para intentar que no se descubrieran estos delitos: el juez Facio y el médico Cabral como coautores y el resto como partícipes necesarios.

Cabral intervino en 4 de los hechos y en todos elaboró dictámenes falsos para esconder las verdaderas causas de muerte y omitió las verdaderas lesiones que tenían los cuerpos para así evitar que se investigaran como asesinatos. Otros médicos que abordaron los otros hechos sí informaron de esas características en sus informes.

Montenegro, por su parte, era el encargado de Catastro de General Lavalle y el responsable del cementerio local, donde once de los cuerpos fueron enterrados sin identificación en una fosa común. El juez Bava señaló que con su accionar Montenegro no sólo convalidó que se inhumaran envueltos en algunas bolsas de nylon sin identificación sino que además, tiempo después, junto al intendente de facto Marcos Quiroga y a un agente de inteligencia de la DIPPBA, trató de esconder los registros sobre esas personas antes de una visita en organizaciones de derechos humanos en 1982.

En cuanto a los expolicías, el juez consideró que “los siete imputados llevaron adelante una instrucción precaria en la que se buscó ocultar los delitos cometidos por la dictadura y fueron funcionales a que las victimas continuaran siendo desaparecidas”.