Además, la jueza que lleva lo embargó por dos millones de pesos. Se investiga si hubo un "homicidio preterintencional", cuya pena va de los tres a los seis años de prisión.

La jueza consideró que el uniformado no actuó en cumplimiento de su deber pues su proceder se excedió respecto de lo que indican los protocolos de actuación en situaciones como las que afrontó. Entonces no puede hablarse de “cumplir un deber” ni tampoco, en ese contexto, de un “exceso en el cumplimiento de un deber”, sino de una conducta con dolo. Ramírez intentó causar una lesión a la víctima y, sin intención de matarlo, terminó provocando su deceso. La secuencia encuadra en la descripción penal del “homicidio preterintencional”, que tiene una pena prevista de entre tres y seis años de cárcel.
La jueza advirtió que aún no cuenta con el examen toxicológico para determinar si la víctima se hallaba bajo los efectos de alcohol o drogas. Pero dedujo de la evidencia recolectada, las videofilmaciones y las declaraciones de testigos que Gómez no se encontraba en un estado normal y, en consecuencia, creció el grado de vulnerabilidad al que estuvo expuesto ante la acción del policía Ramírez.
El uniformado permanecerá en libertad (había sido excarcelado poco después de los hechos) pero deberá observar reglas de conducta y además sufrió un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de dos millones de pesos.
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