Procuración respondió acusaciones de América TV, Clarín y La Nación

La Procuración General de la Nación que encabeza Alejandra Gils Carbó negó este martes la existencia de vínculos entre las gestiones institucionales concretadas ante el Poder Ejecutivo que, entre 2012 y 2013, permitieron garantizar partidas presupuestarias para adquirir el inmueble donde funciona la sede de la calle Perón 667 y las presuntas maniobras ilegales efectuadas por funcionarios en la operación de compra posterior, actualmente investigadas.

De esta manera, la Procuración respondió a las acusaciones mediáticas surgidas a raíz de un informe difundido en el programa “La Cornisa”, de América TV, que fue retomado por los matutinos Clarín y La Nación, donde se intenta vincular una declaración judicial efectuada el año pasado por la Procuradora Alejandra Gils Carbó,-en el marco de la causa que investigaba el presunto encubrimiento a favor del empresario Lázaro Báez, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi- con el expediente donde el fiscal Eduardo Taiano investiga presuntas irregularidades en la compra de inmuebles para la Procuración, causa que lleva adelante el magistrado Julián Ercolini.

El informe proveniente del programa «La Cornisa» intenta señalar presuntas contradicciones en las declaraciones de Gils Carbó, concretadas en momentos diferentes y en relación a investigaciones distintas. En la causa que investiga las presuntas irregularidades en la compra la Procuradora declaró que se enteró de los supuestos ilícitos por medio de la prensa.

Ante el intento mediático de vincular las declaraciones de una causa con las de otra, la Procuración aclaró que “no existe vínculo alguno entre las gestiones realizadas institucionalmente con el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667 y las maniobras ilegales que pudieran haber cometido funcionarios vinculados con esa operación, las cuales están siendo investigadas judicial y administrativamente”.

Procuración enfatizó que “cualquier relación entre ambos hechos resulta arbitraria y busca sembrar sospechas sobre el funcionamiento habitual del organismo y su necesaria `coordinación con las demás autoridades de la República` (artículo 120 de la Constitución Nacional)”.

También, el organismo señaló que “la reestructuración presupuestaria que dio lugar a la adquisición del inmueble está expresamente prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y requiere una actuación conjunta de este organismo con el Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que en modo alguno se puede vincular ese tipo de gestiones -que también se llevan a cabo en la actualidad ante las autoridades de la Administración- con eventuales irregularidades cometidas por un funcionario de la institución”, remarcó.

Procuración consignó que toda la información referida a la compra del edificio de la calle Perón 667 fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal para su análisis.

Además, el organismo que encabeza la Procuradora Gils Carbó reservó un párrafo para el rol de la Unidad de Información Financiera, ya que la presunta investigación de «La Cornisa» está basada en un informe de inteligencia de la UIF. “Ese documento discurre sobre ponderaciones probatorias ajenas a su incumbencia, con un marcado desvío de las funciones técnicas a las que está llamado a ejercer ese organismo en auxilio de la administración de justicia. Defectos de estas mismas características en informes de la UIF ya han generado llamados de atención por parte de jueces y fiscales federales” concluyó.