Profesionales del área denuncian despidos y suspensión de la compra de opioides, necesarios para aliviar dolores en quienes atraviesan la última etapa de su vida por cáncer y otras enfermedades.
El texto fue publicado por la médica Mariana Pechenik (MN 109663), actual referenta del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, en su cuenta de Facebook (y autorizó su réplica). La especialista añadió que “se suspendieron las compras de opioides (morfina y metadona), se echaron a 6 de los 8 integrantes del equipo”. Las consecuencias del recorte, advirtió, serán “aumento de la prevalencia de cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”.
Pechenik expresó que “el Instituto Nacional del Cáncer, junto a la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos y los institutos privados de formación, estaba torciendo el camino de la ignorancia vergonzosa que tiene el sistema de salud argentino en la materia. Esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”.
El paso de la motosierra sobre el INC también despertó preocupación entre organizaciones y familias que impulsaron la Ley de Oncopediatría, sancionada en 2022 y cuyos alcances nunca terminaron de garantizarse, a riesgo de retroceder.
“Así como hay equipos que se encargan de cuidar los nacimientos, con obstetras, neonatólogos, también tiene que haber equipos que se encarguen de cuidar el final de la vida”, decía a Tiempo en julio de 2022 María Julia Aparicio, médica coordinadora del Centro Universitario de Tratamiento del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas. Por entonces, la sanción de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos era celebrada porque “pone a la Argentina a la vanguardia en la atención de personas con enfermedades crónicas avanzadas”. Tres años después, la noticia del desmantelamiento difundida desde dentro del Programa Nacional -y ante la falta de información oficial- causó preocupación entre las organizaciones abocadas al tema.
“Desde la Asociación publicamos nuestra preocupación ante una situación que creemos que es de extrema gravedad. La información que tenemos es extra oficial, pero hace 48 horas mandamos mails al INC y al Programa pidiendo información concreta y no obtuvimos respuesta, lo cual en sí mismo es una respuesta”, lamentó Silvina Dulitzky, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP), en diálogo con Tiempo.
Desde la entidad se contactaron también con legisladores que impulsaron la normativa nacional sancionada en 2022, para intentar motorizar un pedido de informes. “Lo que sabemos es que va a haber varios despidos. El Programa tenía siete profesionales y hasta donde sabemos extra oficialmente quedarían dos. Lo que nos preocupa es que creemos que no hay garantías de continuidad del Programa ni de las cosas que éste garantizaba, como provisión de opioides, educación, formación, red, federalismo en la atención paliativa”, enumeró. Y remarcó que ya se estaban registrando problemas con el acceso a opioides, aún no de manera extrema. “Para nosotros contar con opioides es medular”, definió la especialista en aliviar padecimientos en pacientes graves.
“Nación lo que hace es garantizar la equidad de accesibilidad, porque hay diferencias entre las provincias” con más y menos recursos, explicó Dulitzky sobre la necesidad de que el Estado Nacional continúe a cargo del tema. “Tenemos una población creciente de pacientes con necesidad de atención paliativa, que si no la reciben van a fallecer con un sufrimiento que se podría aliviar”. La accesibilidad estaba lejos de ser total, pero la existencia del Programa apuntaba a homogeneizar las posibilidades en distintos puntos del país. “Del 100% de la población que necesitaría tener una atención paliativa, solo la recibe el 14%. Eso a nivel mundial, y en Argentina las cifras son parecidas”, alertó. Y agregó: “Si no tenés un vademécum básico y provisión de opioides, tenés población con indicación analgésica pero sin accesibilidad”.
La situación del Programa de Cuidados Paliativos se da en el marco de un fuerte recorte en el Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Mario Lugones. Desde que comenzó el año anunció 1400 puestos de trabajo menos, así como el cierre o vaciamiento de direcciones especializadas como las de tuberculosis, HIV y vacunas. Por estos ajustes que implican quitas de derechos se convoca a una marcha en defensa de la salud pública el próximo 27 de febrero, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan.
El achique del Estado en materia sanitaria incluyó 56 despidos en el Instituto Nacional del Cáncer, del que depende el Programa de Cuidados Paliativos. A partir de ello presentó su renuncia la directora, Verónica Pesce, aunque aún no fue aceptada. Por otra parte, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la subejecución presupuestaria del gobierno de Javier Milei durante 2024 mostró que, para el INC, fue nada menos que del 55%.
En tanto, en los últimos días se puso en circulación una nota dirigida al Ministerio de Salud que hasta este miércoles reunía más de 400 firmas para denunciar la “preocupación ante la situación de demora y discontinuidad en la provisión de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados con cobertura pública exclusiva por parte del Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa de Seguimiento Postrasplante que afecta a más de 5400 ciudadanos”.
Alertaron que los problemas en la entrega en tiempo y forma de esas medicaciones llevaron a las provincias “a efectuar compras que involucran un altísimo porcentaje del presupuesto de los organismos provinciales de procuración y trasplante poniendo en riesgo la actividad de los mismos. Aun así estas adquisiciones difícilmente podrán garantizar la cobertura al requerimiento de todo un año. Esta situación pone en riesgo la sobrevida del trasplante, haciendo que los pacientes trasplantados renales deban volver a diálisis y los pacientes trasplantados de otros órganos, puedan perder no solo el injerto sino su vida”.
La nota fue firmada entre otros por representantes de instituciones sanitarias y trabajadores de la salud, incluyendo ocho directores de CUCAIBA, 150 Directores Ejecutivos/Asociados de Hospitales Provinciales, 51 Jefes de Servicios y diferentes autoridades Ministeriales, así como por pacientes.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron a este medio que “no hay faltante de entrega. Pudo haber alguna demora de parte de los laboratorios pero siempre dentro de los plazos establecidos. Esto mismo se le informó a los ministros el lunes en la reunión del Cofesa (Consejo Federal de Salud)”. Sobre la situación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos y las denuncias de desmantelamiento, en cambio, no hubo respuesta.
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