Prohibir la “e” es discriminar: el lenguaje y el acceso a derechos

La prohibición del uso de la -e en el lenguaje por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires implica un acto discriminatorio, en tanto la e nombra e incluye en el lenguaje a personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, personas no binaries.

El uso de la -e es, además, un posicionamiento político ya que implica un significado de inclusión de todos los géneros; un posicionamiento político desde una perspectiva de derechos humanos que visibiliza identidades de género que en nuestra sociedad vienen adquiriendo derechos históricamente negados, como por ejemplo la posibilidad de tener un DNI no binario, con un nombre elegido.

Esta prohibición ignora que en nuestro país existe una Ley de Identidad de Género que describe y otorga derechos al colectivo LGTBIQ+; ignora también que nuestro país adhiere desde el 2006 a los Principios de Yogyakarta, que establecen una ampliación de derechos cada vez más integrales y tienen como objetivo hacer este mundo un lugar habitables para todas las personas.

Entonces, negar el derecho a ser nombrades en el uso del lenguaje constituye un acto discriminatorio porque obstaculiza el acceso a otros derechos. Quien no es nombrade en un documento oficial no está incluide en lo que ese documento expresa, por dar un ejemplo. Y eso constituye un acto discriminatorio porque: niega el derecho a la identidad.

El lenguaje es una institución dinámica y, por tanto, se modifica continuamente. En la evolución de las lenguas, primero, los cambios se dan en el uso de las palabras (es decir, en el habla), y luego se sistematizan en la lengua. Estamos en esa instancia: estamos reflexionando sobre esa sistematización en la lengua. La medida es más una censura que una preocupación por la gramática.

En este sentido, prohibir que las personas sean nombradas en el uso cotidiano es una práctica social discriminatoria y en el discurso oficial, constituye un acto discriminatorio. Al hacerlo, el Gobierno de la Ciudad está ejerciendo violencia institucional hacia niñeces y juventudes, principalmente, pero también hacia todas las personas que forman parte del sistema educativo y no se perciben dentro de la perspectiva binaria de los géneros.