Diversas consultoras coinciden en una sensible caída del salario registrado privado desde que asumió el gobierno. Si el Indec actualizara su metodología el retroceso podría superar el 10%.
El encuentro, que a priori será virtual (ver recuadro), será el primer ámbito formal en el que la nueva conducción de la CGT lleve adelante una negociación con el gobierno y, llegado el caso, se ponga a prueba nuevamente la eficacia de la estrategia dialoguista que prima en la organización y se profundizó con el nuevo triunvirato.
El gobierno pronosticó algunos meses después de su asunción que, una vez alcanzado el equilibrio fiscal y “ordenada la macroeconomía”, la tendencia sería hacia una estabilización de los precios y, a su turno, una recuperación del salario real, al menos, en el sector privado registrado.
Esa dinámica se manifestó durante algunos meses de 2024, luego del derrumbe de los primeros dos meses donde solo en diciembre el salario promedio quedó 16,7 puntos detrás de los precios y en enero 4,2 puntos adicionales.
A partir de allí hilvanó, según datos del Indec, once meses consecutivos donde el haber promedio superó a los precios al igual que el de los salarios registrados. El promedio de 1,4 puntos mensuales de mejora, sin embargo, no alcanzó para recuperar lo perdido y se vio interrumpido a partir de febrero de este año durante todo un trimestre para luego quedar prácticamente empatado y retomar una tendencia a la contracción que ya acumula dos meses consecutivos.
Los meses de contracción coinciden, claro, con los períodos durante los cuales se depreció sensiblemente la moneda con relación al dólar (febrero a abril y septiembre y octubre). El último dato disponible relativo al mes de septiembre dio como resultado una suba de los salarios registrados privados del 1,37% cuando los precios escalaron un 2,1% retomando un marcado rumbo contractivo del salario real.
Como el célebre general Alais, que nunca llegó desde Entre Ríos a la Capital Federal para sofocar el intento de golpe de Estado de Semana Santa de 1987, la recuperación «nunca llega».
Hay otro problema: la evolución del indicador estadístico está lejos de expresar la realidad. El gobierno decidió postergar en el tiempo la actualización de la metodología del Indec para la medición de la inflación en tanto todavía se sigue usando la Encuesta de Gastos en Hogares relevada en 2004, dejando de lado su actualización (también ya vieja) del año 2018, cuando la ponderación de las tarifas en los consumos familiares pegó un salto más acorde a la realidad.
Un estudio realizado por el Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) dirigido por el economista Claudio Lozano, basado en datos a agosto de 2025 indica que “si en lugar de deflactar por el índice de precios oficial”, donde la evolución del salario privado registrado empata los precios, “se aplica un IPC actualizado (en base a la ENGHo 2017/18), los resultados difieren”.
En el sector privado registrado, aseguran, “los salarios no recuperaron el nivel previo a la gestión de Milei sino que perdieron un 6,2% de su poder de compra”.
De este modo, la magia de las estadísticas sostiene un relato oficial que nada tiene que ver con lo que perciben los trabajadores cada día.
El diagnóstico es compartido por otras consultoras privadas que aseguran que el salario está en sus niveles más bajos desde que asumió el gobierno. Empiria, liderada por Hernán Lacunza, sostiene que con relación a noviembre de 2023 los “ingresos disponibles” retrocedieron un 3%. La consultora Vectorial, del economista Haroldo Montagú, según difundió el portal Diario Sindical, asegura que “los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7% por debajo de noviembre de 2023”. A la vez, indican que “esta caída sería del 10,8% si se deflacta por la inflación ajustada por la ENGHO más reciente”.
Equilibra, de Martín Rapetti, según la misma fuente, sostiene que el poder de compra de los salarios formales cayó un 19% si se toma el promedio de enero a septiembre de 2023. Para Equilibra los trabajadores y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos durante el período.
El haber mínimo que se discutirá el miércoles 26 se llevó la peor parte. Desde que asumió este gobierno, acumula una pérdida de su poder adquisitivo del 34% según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA. Dicho de otra forma, si se hubiera mantenido el poder adquisitivo al momento de asumir los $ 322.200 actuales deberían llegar a $ 486.522. Se trata de un monto inferior al que regía en 2001 y se encuentra un 63% por debajo del pico histórico de septiembre de 2011.
El desprecio del gobierno por el Consejo del Salario Mínimo se verifica en su persistente demora en convocarlo y en que las propuestas fueron siempre por detrás del IPC y la evolución de las canastas de pobreza e indigencia, y resultaron impuestas con laudos oficiales y sin acuerdo de las centrales sindicales.
Para la teoría económica marginalista a cuyo extremo “austríaco” adhiere el gobierno libertario, la sola existencia de un salario mínimo resulta distorsiva del mercado de trabajo. Con eso justifica su política de ajuste del haber del cual dependen también los mínimos jubilatorios y de los docentes a nivel nacional. Sin embargo, a contramano de lo que indica ese marco teórico, los salarios privados registrados no se han recuperado de la mano de la “libertad”.
Durante la pandemia de 2020 y 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández resolvió que el organismo encargado de actualizar el salario mínimo vital y móvil hiciera sus reuniones en forma virtual.
Lo mismo ocurría con otras audiencias sectoriales que, sin embargo, retomaron la presencialidad hace ya mucho tiempo.
Por eso ambas CTA (Autónoma y de las y los Trabajadores) solicitaron al Ministerio de Capital Humano, al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a la presidenta de la Comisión del Consejo del Salario, Claudia Testa, que la reunión convocada para el próximo 26 de noviembre se realice de manera presencial.
El texto enviado señala que “no existe ninguna razón objetiva que justifique que esta importante institución tripartita del trabajo funcione de forma virtual”. Y agregaron que “dicha modalidad a distancia dificulta y no resulta eficaz a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la ley”.
La virtualidad resulta un obstáculo para que las negociaciones puedan ser acompañadas con movilizaciones.
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