Proponen que cada provincia haga su propia ley de alquileres para facilitar los controles

La Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, abrió este martes el debate sobre la nueva ley alquileres a representantes que expusieron, en el Anexo C, experiencias en el interior del país. Por varias horas, los legisladores escucharon a alrededor de 40 expositores de casi todas las provincias que pusieron el foco en la revisión de dos artículos de la ley vigente vinculados a la extensión de los contratos y la fórmula de ajuste.  

La reunión informativa se desarrolló bajo la modalidad mixta – presencial y remota-. Participaron asociaciones de inquilinos, titulares de cámaras inmobiliarias y propietarios de Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Chaco.

En diálogo con Diputados TV, Moreau opinó que “así como creo que no todos los que ponen en alquiler las viviendas son lobistas inmobiliarios, me parece que este es un proyecto que debe verse desde el lugar del más débil, que es el que no tiene vivienda. No puede ser que haya un desfasaje en el mercado entre los precios y el salario de los inquilinos. Es como querer vivir en un país de fantasía con alimentos con precios descalabrados”.  

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos no descartó la posibilidad de invitar al debate al ministro de Vivienda y Hábitat de Nación Jorge Ferraresi, quien propone que los alquileres deben ser materia de los municipios. Al respecto, la diputada afirmó: “Creo que hay que darle más poder de decisión a las provincias, no solo en la regulación sino que también en el control. La única forma de que funcione es descentralizar”.  

El sábado pasado, Ferraresi, en diálogo con Tiempo Argentino, señaló que la ley debe “ser local”. Es decir  de cada ciudad. “Los municipios son los que tienen una relación directa con los vecinos y pueden determinar si la vivienda está vacía o en alquiler”, agregó, en relación a un posible impuesto por vivienda ociosa. En ese punto, manifestó: “Se tiene que definir en cada legislatura local para darle una manera práctica a la aplicación de la ley”.  

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, la radical Carla Carrizo señaló: “En un contexto de inflación cualquier plazo rígido que pongamos va a conspirar con el propietario y con el inquilino”.  

La semana que viene, los legisladores seguirán trabajando en reuniones informativas con el objetivo de firmar un dictamen para fines del mes de abril.

Ocurre que el oficialismo y la oposición acordaron un plazo de 30 días hábiles para aprobar un nuevo proyecto. De no llegar a un acuerdo, el interbloque de Juntos por el Cambio advirtió que volverá a la carga en la convocatoria de una sesión especial para derogar la ley 27.551, que está vigente desde el 2020.  

La voz del interior

Entre las exposiciones, los colegios de martilleros coincidieron en la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones se hagan de forma semestral debido a la inflación. Sin embargo, las asociaciones de inquilinos de distintas provincias pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “da previsibilidad” y que las actualizaciones sean anuales.

En su presentación, Giovanni Tessaro, de Consumidores del Chaco, señaló: “Corrientes y Resistencia son ciudades universitarias, que dependen de la migración juvenil. Desde la Asociación de Consumidores de Chaco aportamos siempre un asesoramiento de prevención, ya sea que el inquilino acuerde con una inmobiliaria o con dueño directo”.

Por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de San Luis, Fernando Olcese manifestó que “lamentablemente no existen ofertas de inmuebles para el alquiler. No las hay. Pero no solamente en San Luis sino en el resto de la Argentina, que es lo que hablamos permanentemente y tenemos que solucionar».

En tanto, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, afirmó: “En lo que va de 2022 hemos recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas. Los principales están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.”

En representación de la Agrupación de Inmobiliarias Argentinas habló Santiago Debé. Manifestó que los resultados de la ley “fueron deplorables” y culpó al contexto inflacionario de la situación, por lo que consideró que ni los inquilinos ni los propietarios “son los culpables” sino “la inestabilidad económica y la ineficiencia en la administración pública que genera falta de armonía en un vínculo contractual”.  

Asimismo, Mariana Saldaña, de Inquilinos Organizados de Luján, señaló: “Vengo a representar la voz de las mujeres jefas de hogar, disidencias y migrantes; ya que nos encontramos en una odisea constante por la asimetría entre inquilinos y el mercado inmobiliario”.