Las ex autoridades de la AFI buscan sacarle la investigación al juez federal de Dolores para llevarla a los tribunales de Retiro. “Las acciones de inteligencia materialmente se realizaron en la provincia de Buenos Aires y no en la Capital Federal”, señaló el magistrado.
Majdalani había sostenido que el gobierno central y la AFI tienen su sede en la Capital Federal, por lo tanto, le correspondía a un juez federal porteño intervenir en la investigación.
“Plantear que el asiento de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia era en la C.A.B.A. y que, por ende, allí deben ser juzgados todos los hechos ilícitos llevados a cabo en las distintas delegaciones de la Provincia de Buenos Aires bajo las órdenes, dirección y/o coordinación de Arribas y Majdalani, desconoce que esas acciones estaban destinadas desde el inicio a realizarse en el territorio bonaerense”, replicó el juez Ramos Padilla.
Además –agregó el juez de Dolores- “fueron llevadas o ejecutadas en aquella provincia de Buenos Aires por otros funcionarios públicos que realizaban sus tareas en las Delegaciones Provinciales de la AFI, que se ha indagado y debe resolverse también la situación procesal de los nueve jefes de las bases A.M.B.A. que tuvieron sus oficinas en las respectivas localidades de esa provincia y que las acciones investigadas tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense”.
Ramos Padilla procesó semanas atrás a un grupo de funcionarios de la AFI, entre ellos el excomisario Ricardo Bogoliuk y el ex agente Pablo Pinamonti, por el espionaje a dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicatos, fuerzas de izquierda e incluso sectores eclesiásticos, que documentó en una extensísima resolución.
En ella, además, llamó a indagatoria al ex titular de la AFI Gustavo Arribas y a la propia Majdalani, quienes tienen pendiente aún la resolución de sus respectivas situaciones procesales.
Ramos Padilla desestimó el planteo para mudar la causa a los tribunales federales porteños: “Si todos los hechos deben investigarse en la justicia federal porteña, cabe preguntarse ¿de qué modo podría garantizársele a un ciudadano del norte o del sur de nuestro país la posibilidad de reclamar judicialmente y acceder a la justicia en defensa de sus derechos? Pues bien, para ello han sido creados, existen y funcionan los juzgados federales con asiento en las provincias”.
Pero además, refutó también la cuestión de la territorialidad, porque –argumentó- los presuntos delitos investigados ocurrieron en territorio bonaerense.
“Las principales organizaciones, actividades y objetivos que espió la Agencia Federal de Inteligencia estaban asentados en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los funcionarios indagados prestó funciones en la provincia de Buenos Aires y no en C.A.B.A.; las acciones de inteligencia materialmente se realizaron aquí y no en la Capital Federal; de modo que es aquí donde deben investigarse estos hechos y donde puede garantizarse de mejor modo la correcta y más pronta administración de justicia”.
En la causa, además, se analiza la conducta de nueve jefes de las bases A.M.B.A. “que tuvieron sus oficinas en las respectivas localidades de esa provincia y que las acciones investigadas tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense”.
“Lo expuesto permite desechar el apotegma que sostiene que ‘si interviene algún funcionario con asiento en la Capital Federal la causa debe necesariamente ser tramitada en los tribunales de Comodoro Py’, cuando además hay otros funcionarios imputados y procesados que desarrollaron sus actividades ilegales a través de las bases de inteligencia emplazadas en la provincia de Buenos Aires y, en particular, existe numerosa cantidad de víctimas y organizaciones que también desarrollaron sus actividades en el ámbito de la provincia”.
La resolución de Ramos Padilla, a la que tuvo acceso Tiempo, advierte que “existe en esta causa mucha información que ha sido procesada por este Tribunal, de volumen, complejidad y particular sensibilidad, por lo que debe evitarse cualquier decisión apresurada, en particular, teniendo en consideración también que el traslado de una jurisdicción a otra también importaría una demora en la investigación en la que existen centeneras de víctimas y más de una decena de imputados que merecen una pronta y rápida acción de la justicia”.
“La respuesta jurisdiccional frente a quienes desarrollaban tareas en la Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A no podría ser nunca el desmembramiento de la jurisdicción para difuminar así la eficacia de la investigación”, resumió el juez.
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