Proyecto de «Igualdad ante la Ley»: el Gobierno buscará eliminar la figura del femicidio y el cupo laboral trans

Por: Tatiana Scorciapino

La gestión de Javier Milei se propone derogar normativas de "discriminación selectiva." La pelea contra la agenda woke y las complicaciones dentro del Congreso con los opositores dialoguistas.

En un nuevo avance contra las minorías, el Gobierno nacional presentará el proyecto de “Igualdad ante la Ley”, un proyecto con el que buscará eliminar todo tipo de distinción legal que beneficie a los feminismos, el colectivo LGBT y discapacitados. El texto será presentado por el propio Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.

Según confirmó una alta fuente del oficialismo, el proyecto tiene como principal objetivo eliminar las leyes de “discriminación selectiva” con las que estos grupos sociales lograron hacerse de derechos que no le son natos. “El Estado no puede hacerse cargo de las necesidades de cada uno de estos sectores. Además, ¿quién determina qué es una minoría”, dijo ante este medio una voz al tanto de la redacción del texto.

La ley, que aún se encuentra en plena etapa de redacción, buscará quitar la Ley de Cupo Trans, la Ley de Identidad de género, el cupo de representación de género en las listas electorales y cualquier normativa vigente que disponga la integración de mujeres y trans. 

En este mismo sentido, buscarán modificar el Código Penal para quitar la figura legal que reconoce el femicidio. Se trata de la Ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, que reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que dé muerte a una mujer mediando violencia de género. “¿Por qué el asesinato de una mujer tiene una pena más alta que la de un hombre?”, se preguntó retórico ante Tiempo la misma fuente.

En tanto, y tal como había adelantado en exclusiva este medio, el Gobierno avanzará con la eliminación del DNI no binario. De esta forma, quedará sin vigencia el Decreto 476/2021, firmado por la administración de Alberto Fernández, en el que se habilitó que las nomenclaturas utilizadas en los documentos nacionales y pasaportes en el campo referido al “sexo” se puedan utilizar como referencia “F” -Femenino-, “M” – Masculino- o “X”, para el caso de aquellas personas que no se sientan identificadas con ninguno de los géneros del binomio.

Entre las justificaciones que brindaban por ese entonces desde el entorno presidencial para avanzar en este sentido está la escasa representación en términos de utilidad que tiene esta nomenclatura. Según datos que manejan en el oficialismo, desde el 2021 a la fecha se realizaron 1.693 trámites para solicitar el DNI no binario, una cantidad que, afirman, no justifica mantener vigente esta normativa.

Otro de los aspectos sensibles que buscará derogar este proyecto será la modificación de la Ley Micaela. La normativa -todavía vigente- establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Este proyecto también contemplará la eliminación del Cupo laboral para discapacitados, que obliga al estado nacional a tener empleadas al menos un 4% de personas con discapacidad para asegurarles el derecho a trabajar.

El proyecto está siendo redactado por María Ibarzabal Murphy, la secretaria legal y técnica blue, en compañía del Ministerio de Justicia, manejado en los hechos por el viceministro Sebastián Amerio. Cada palabra está, a su vez, custodiada por el multifacético asesor presidencial Santiago Caputo, predicador en la tierra de cada una de las ideas del presidente.

«Nuestra batalla»

Esta presentación se da en sintonía con los dichos de Milei en Davos, donde volvió a cuestionar la llamada agenda woke. “Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas las naciones que creen en las ideas de la libertad. Vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada. Es nuestro deber desarmar el edificio ideológico del wokismo. Hasta que no logremos que nuestras ideas sean la moneda común de eventos como este, no podemos bajar los brazos. Foros como este han sido protagonistas de las ideas siniestras del wokismo”, afirmó el presidente.

En el mismo sentido, afirmó “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Es redundante ya que la igualdad ante la ley existe en Occidente. Nos tildan de misóginos solo por defender un principio elemental de la democracia moderna.” Con estos dichos, el presidente comenzó a allanar un camino que tendrá más piedras de lo que esperan.

Si bien en este primer año de gestión el oficialismo no padeció grandes retracciones entre sus aliados más cercanos, esta modificación no les será para nada sencilla. Tanto el PRO como los radicales con peluca -los dos bloques oficialistas camuflados de opositores- tienen entre sus banderas las libertades de género. La eliminación de estas normativas les generará un conflicto frente a su electorado que, aunque conservador, abrazó estos avances en materia social.

Ante este escenario, un confiado asesor presidencial afirmó que no le temen a la reticencia del recinto. “No hay problema, que voten en contra”, se bufó la misma voz que no relaciona las negociaciones que hoy mantiene con todo el arco político para avanzar en la designación de jueces y la modificación de la ley electoral con esta votación.

A pesar de avanzar a paso firme contra la agenda de los feminismos y la comunidad LGBTIQ+, en el gobierno afirman que estas modificaciones no serán retroactivas, sino que empezarán a aplicarse en caso que la norma sea aprobada en el Congreso. En tanto, tampoco planean eliminar la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada en 2010 ni la despenalización del aborto, que semanas atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, torpemente mencionó como una posibilidad.

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