La iniciativa del FIT-U pretende garantizar "derecho pleno a la ayuda social a toda personas que así lo requiera".
La iniciativa de los legisladores de izquierda es clara. Tiene apenas dos artículos: el primero deja sin efecto la resolución 3732/MEDGC/22; mientras que el segundo estipula que “se garantiza el derecho pleno a la ayuda social del programa Ciudadanía Porteña a toda persona que así lo requiera”.
En los fundamentos del proyecto, desde el FIT-U apuntaron al gobierno porteño y sobre todo a la ministra de Educación, Soledad Acuña, de protagonizar una avanzada “contra las familias más golpeadas por la crisis quienes deben recurrir a la ayuda social” tras la modificación en los requerimientos de regularidad de los estudiantes menores de edad “con el objetivo de sancionar con la quita de la ayuda a lxs hijxs de quienes en diversos casos son familias, en su mayoría mujeres cabeza de hogar, desocupadxs o subempleadxs”.
El programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. Como se sabe, el anuncio de las autoridades porteñas realizado en los medios de comunicación, “apunta a dar la baja del subsidio a los alumnos que tengan una media de asistencia por debajo del 85% de la cursada por bimestre o que tengan más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año declarándolos estudiantxs irregulares y negándoles el certificado de alumno regular, requisito para acceder a la ayuda social”.
“Claramente el tiro por elevación a las familias mediante la utilización de lxs estudiantxs coloca una doble fila de ataques cuyo primer lugar es el de las infancias y las adolescencias”, argumentaron.
El proyecto de Ley da ciertas precisiones acerca de la importancia del subsidio y el universo que lo recibe. El programa da un beneficio promedio de 15 mil pesos y alcanza a 41.669 familias. Establece un monto como componente adicional por cada menor de 18 años que se encuentre escolarizado de 5.256 pesos por hogar pobre y de 7.884,50 pesos por hogar indigente, una asistencia que en la actualidad perciben 23.686 estudiantes.
“Sin desarrollar políticas que apunten a abordar de manera integral lo motivos del ausentismo y la deserción escolar, el gobierno de la Ciudad arremete contra quienes afrontan duras situaciones de vida en un país donde casi la mitad de la población es pobre y más de la mitad de menores de 17 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional”, esgrimieron.
Los legisladores de este espacio puntualizaron que “claramente la medida no solo apunta a recortar la ayuda social sino también a responsabilizar a las comunidades de lo que no se hace cargo el Estado Porteño: abordar los motivos por los cuales lxs pibxs de las barriadas en diversos casos no asisten a la escuela, la enorme mayoría son motivos sociales profundos con fuerte raigambre en la necesidades básicas insatisfechas”.
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