Qué hay detrás del apartamiento del abogado del estado en el juicio AMIA II

La decisión del tribunal oral federal que juzga el presunto encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado contra la AMIA adoptó una decisión salomónica en términos del juicio: apartó al abogado designado para exculpar a tres acusados (los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex policía amigo del presidente Mauricio Macri, Jorge “El Fino” Palacios), por un lado. Pero por el otro avaló su alegato, es decir que para los jueces el pedido de absolución para los tres por parte de un estamento estatal que es querella en una causa de tanta significación sigue vigente.  ¿Por qué? Porque en juicios de tanta importancia nunca una parte se manifiesta a través de un solo abogado, y José Console tenía otro que lo secundaba. Entonces su intervención no forma parte del alegato, pero todo lo demás sí. Y el alegato no está completo si no incluye pedidos de penas o absoluciones.

La medida adoptada por el tribunal conformó a medias a las querellas. Pretendían que el alegato fuera nulo de nulidad absoluta, como primer paso de una situación que, en términos institucionales, es muchísimo más grave que la empleada trucha del ministro Jorge Triacca o el millón de dólares ocultos de Valentín Gilligan.  El Estado Argentino está comprometido internacionalmente en el esclarecimiento de la verdad del atentado contra la AMIA. Y la decisión de desistir de la acusación contra tres de los principales acusados en un episodio que probablemente haya consagrado la impunidad para los autores del ataque.

La “línea siria” es una de las hipótesis sobre las que se investigó el atentado a la AMIA. El devenir de la investigación y, sobre todo, la actuación de los imputados en este juicio (desde el ex presidente Carlos Menem hasta el ex juez Juan José Galeano, pasando necesariamente por Mullen, Barbaccia y Palacios)  pudo haber orientado la pesquisa hacia los iraníes mas no a los sirios. ¿Y si no fue así?

La escalofriante pregunta que persistió a lo largo de los dos juicios (el primero nulo) y de toda la investigación, más allá de las pruebas que en vida dijo haber reunido el fiscal Alberto Nisman y su colaborador Antonio Stiuso, ¿Y si no fuero los iraníes?

Console, un abogado que ha formado parte del ala más conservadora (y opositora a la actual conducción) del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, actualmente es secretario letrado de la consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Silvia Bianco, legisladora del PRO.  Bianco asumió el cargo en agosto de 2017, reemplazando al consejero Enzo Pagani,  fallecido y también perteneciente al bloque oficialista en la Legislatura.

Silvia Bianco es la esposa de Sebastián De Stéfano, virtual número tres de la AFI y hombre de extrema confianza de Daniel Angelici. De hecho, fue Angelici quien hizo prevalecer a Bianco sobre la candidata de Horacio Rodríguez Larreta para ese mismo cargo, Marcela Basterra.

Como funcionario de una consejera de la Magistratura, Console debió haber “suspendido” su matrícula como abogado. Es decir no podía ejercer como abogado y, al mismo tiempo, ser empleado jerárquico del Consejo, por una cuestión de incompatibilidades que siempre es eje de discusiones doctrinarias. Habitualmente, el “sistema” espera que cuando un abogado es designado en un cargo de esa naturaleza voluntariamente suspenda su matrícula hasta que cesa. Console no lo hizo; para que la suspensión sea efectiva alguien debe plantearlo, primero administrativamente y después eventualmente por vía judicial. Dicho de otro modo: Console no debería tener su matrícula habilitada, pero la tiene. Un eventual reclamo en ese sentido debería recorrer el espinel administrativo y, tal vez también, el judicial, para que le quiten provisoriamente la matrícula.

Por lo pronto, todos esos pasos los sorteó el tribunal oral federal. Lo apartó y es tal el escándalo en Tribunales que difícilmente alguien se anime a insistir con su regreso al juicio. Incluso hasta pasó a segundo plano otra cuestión pendiente: el cobro de salarios. No está claro, ni surge de la documentación del Consejo, si Console está o no cobrando sueldo. Es decir, si ejerce el cargo pero suspendió el cobro.

Ahora enfrentará una denuncia penal y un proceso administrativo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogado. Eso, en términos personales.

En términos institucionales, la figura que quedó ajada es la de Germán Garavano.  El acusado (actual abogado, ex desarmador de automóviles) Carlos Telleldín ya le inició una querella penal y el juez federal Luis Rodríguez ya lo citó a ratificar la denuncia para el próximo 28 de febrero. Sus acciones, aún con la diputada Elisa Carrió extendiendo sus vacaciones, han quedado muy devaluadas.

Pero en la periferia del juicio por el encubrimiento por la AMIA a nadie se le escapa un detalle: en esta historia, Garavano no es sólo Garavano.