«Que las políticas públicas no se definan por el cálculo»

Por: Silvia Storino

Estamos ante un gobierno que desconfía del principal instrumento con el que han contado las generaciones pasadas y presentes para construir porvenir: la escuela. Este gobierno desescolariza, con menos establecimientos, menos unidades educativas y menos ampliaciones en los niveles inicial y medio.

Estado, niñez y escuela han ido hasta hace poco de la mano. Interpretando la convicción de que el mejor lugar para nuestros niños y niñas es la escuela, la Ley de Educación Nacional establece que todas las del nivel primario serán de jornada extendida/completa. Implementar una política de esta envergadura supone comprometer un fuerte financiamiento y asistencia del Estado nacional para que todas las jurisdicciones, no sólo las más ricas, puedan desarrollar la propuesta. Se requiere una fuerte inversión en infraestructura, cargos docentes, capacitación, libros y materiales didácticos. Considerado como un tema prioritario desde 2006, requería ser respetado y continuado. Nada de esto sucedió.

Una escuela con más horas permite recrear el fuerte compromiso democrático que el Estado debe tener con la niñez, ofreciendo una experiencia educativa igualitaria y valiosa. Una propuesta escolar que proteja a nuestros niños y niñas de las múltiples vulnerabilidades a las que pueden estar expuestas/os, una oportunidad cotidiana para aprender a convivir con los demás, para constituir sentido de comunidad en épocas de tantas individualidades. La escuela es un espacio para crecer, para jugar, para estudiar con disciplina y para tener acceso a todos los conocimientos: las lenguas, las ciencias, las artes, las tecnologías, el movimiento. Una escuela de jornada extendida/completa favorece que los equipos docentes cuenten con más horas para organizar la tarea en común, para trabajar con las familias y construir una propuesta educativa acorde a la complejidad de estos tiempos. De eso se trata contar con más horas. El tiempo cuenta, nuestra niñez cuenta; y demanda que las políticas públicas no se definan por el cálculo sino por el derecho y la obligación que las generaciones adultas tenemos con la infancia. «

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