El Senado aprobó en general el paquete fiscal propuesto por el gobierno pero realizó modificaciones a diversos puntos que volverán a ser discutidos en la Cámara de Diputados.
La aprobación en general del paquete fiscal fue de 37 votos a favor y 35 votos en contra. Luego, la Cámara alta inició el debate en particular de los capítulos y artículos de la iniciativa. El texto del paquete fiscal, con modificaciones, fue girado de vuelta a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra.
En la votación en particular, tras una reñida discusión, los senadores rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias que estaban incluidos en el Paquete Fiscal con 41 votos, mientras que 31 votaron a favor. El título 5 del proyecto de ley intentaba restablecer la cuarta categoría de este impuesto, el gravamen a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, el cual fue eliminado en 2023 por el entonces ministro Sergio Massa. La propuesta indicaba que el nuevo mínimo no imponible sería a partir de $1,8 millones brutos para solteros y $ 2.340.000 para casados con 2 hijos. Este mínimo, sin embargo, difiere del primer proyecto original, que estaba en el orden de $ 1,2 millones.
De no haber nuevos cambios en Diputados, quedará vigente el esquema que rige en la actualidad en materia de Ganancias. Es decir, el pago del impuesto seguirá en cabeza de quienes perciben un salario bruto mayor a $3.514.725 (equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles).
La votación en particular del Senado eliminó el capítulo correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales. La Cámara de Diputados deberá definir si la supresión queda efectiva una vez promulgada la ley. El tercer título del paquete fiscal propone un cambio en este impuesto que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior. Con la nueva norma, se busca aumentar de $27 millones a $100 millones el piso a partir del cual una persona sería alcanzada por el tributo, modificando las alícuotas.
Los senadores, en su votación en particular, votaron en contra de la prórroga del monotributo social. Es decir, los titulares de este régimen tributario simplificado para trabajadores de menores ingresos y sin una facturación regular, pasarían de pagar un 700 % más (de $3.200 a $26.600) en la categoría más baja del monotributo general a los 90 días de promulgada la ley, si es que la Cámara de Diputados no hace modificaciones.
Cabe mencionar que el monotributo social tiene como objetivo reconocer la realización de diversas actividades productivas, comerciales y servicios catalogados como economía popular. Se trata de una herramienta compatible con programas de inclusión social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo e incluso jubilaciones de haber mínimo. Con este motivo, sus titulares tienen un subsidio del 100% sobre el pago de los componentes impositivo y previsional, junto a un 50% de la obra social.
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