Qué revela el Informe 4 sobre la Obra Social Judicial que tiene en vilo a la Corte Suprema

La Corte Suprema administra la obra social de los judiciales con una libreta de almacenero. Manolito, el amigo almacenero de Mafalda, es infinitamente más prolijo, transparente y eficiente. ¿Se trata sólo de ineptitud o el Poder Judicial -que ve corrupción de las puertas hacia afuera- finge demencia y encubre lo que pasa en su casa?

La Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) tenía al 30 de junio de 2022, fecha del último registro, 99.926 afiliados. Cada uno de ellos aporta el tres por ciento de sus sueldos, de los más altos del país y exentos de ganancias. Deberían tener una obra social de excelencia; sin embargo, sólo se escuchan quejas y reproches.

El manejo de la OSPJN es una de las causales de juicio político de la Corte y el foco principal de una grieta entre la troika dominante (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) y Ricardo Lorenzetti, a quien casi no le dirigen la palabra.

El exadministrador general de la Corte y hombre de Lorenzetti, el contador Héctor Marchi, viene desnudando en la Comisión de Juicio Político de Diputados gran parte de esos procedimientos ridículos. Y hace hincapié en un informe, “el número cuatro”, que compromete a Maqueda y a Rosatti en esos desmanejos. 

Tiempo accedió al “Informe 4” y su anexo. Son casi 240 páginas increíbles. Un Poder Judicial que condenó a una expresidenta por obra pública que pasó por una docena de organismos de control y auditoría independientes e incluso fue avalada por el Congreso en la ley de Presupuesto, ignora lo que pasa en el patio de su casa.

Todo lo que Marchi –quien está lejos de ser la Madre Teresa de Calcuta- cuenta en la Comisión de Juicio Político está documentado. 

Sendas acordadas de 2021 y 2022 establecieron que la OSPJN «funcionará dentro de la órbita de la Secretaría General de Administración (Marchi, hasta hace poco), que ejercerá la supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médico asistencial y social y del estado económico financiero de la obra social». La decisión fue adoptada cuando ya arreciaban las críticas.

El 4 de octubre de 2021 Marchi puso de relevancia “la falta de integridad, oportunidad y confiabilidad debido a ciertas debilidades que afectan el normal funcionamiento de la OSPJN”. Lo que sigue es digno de la antología del disparate.

La OSPJN dependía del médico personal de Maqueda, Juan Carlos Tonón, y cuando cayó en desgracia ingresó Mariano Altabe, un hombre de Rosatti.

Una nota de Auditoría Médica del 13 de junio de 2022 muestra que “la documentación generada por el sistema manual de liquidación de facturaciones se archiva físicamente en cajas que son remitidas al Archivo General. Esto implica que ante la necesidad de información o documentación (historia clínica, resúmenes de facturación) sea necesario realizar una búsqueda manual por prestador, caja por caja».

“El procesamiento de la facturación que presentan los distintos prestadores es manual, lo cual significa que no existe ningún registro informático de lo efectivamente pagado por cada prestación”. Un escenario ideal para los negocios. “Esto transforma una simple búsqueda en el sistema en una engorrosa y lenta búsqueda entre cajas y pales polvorientos». Textual del informe oficial de la Corte.

Decenas de veces la Administración le reclamó a la obra social la incorporación de un software de gestión. Sólo cuando el tema estalló en diputados se aceleró una licitación que tiene al menos tres lustros de demora.

El stock de medicamentos e insumos al 30 de junio de 2022 era de 117.134 unidades. “Del control del stock de inicio del ejercicio 2022 surge una diferencia de inventario sin explicar por 23.408 unidades, que incluye el arrastre sin identificar de períodos  anteriores”. Dicho de otro modo: faltan más de 23 mil remedios. El reporte consigna además “medicamentos destruidos, devueltos o vencidos, que superan los 30 millones de pesos a valores de octubre de 2021″.

“El gasto prestacional tuvo un incremento interanual del 83,7 por ciento, siendo este superior a la inflación del período”. O sea: los costos por prestaciones médicas crecieron más que la inflación pero la calidad de los servicios descendió dramáticamente. Los afiliados pagan más y reciben menos, según el informe.

Entre noviembre de 2021 y junio de 2022 la OSPJN recaudó 18.994,1 millones de pesos, un 81 por ciento más que en el mismo período anterior. «Dicha variación se explica principalmente por los recursos por contribuciones de los afiliados, que representan el 99,2 por ciento de los ingresos acumulados en dicho período”.

¿Adónde va a parar todo ese dinero, si no es para mejorar la atención de sus afiliados? Probablemente si un funcionario político hubiera hecho la cuarta parte de lo que hizo la Corte ya estaría condenado (acaso preso) por administración fraudulenta.  Pero la Corte se audita a sí misma y entre bueyes, se sabe, no hay cornadas.

El 7 de junio de 2022 fue presentado el informe «Estado de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación», que consignó “un saldo en Cuenta Bancos al 31 de mayo de 11.278.167.481,15 pesos». Al día siguiente, la Administración General recomendó que «previa reserva de los montos necesarios para su normal funcionamiento, evalúe la transferencia de los fondos remanentes a la cuenta bancaria correspondiente a la Corte Suprema para su afectación al Fondo Anti cíclico». El 21 de junio, mediante la resolución 456/2022, la obra social «dispuso transferir al tribunal la suma de 8.216.552.149,92 pesos en calidad de saldos remanentes para su afectación al Fondo Anti cíclico». O sea: el 73 por ciento del dinero de una obra social cuyos afiliados no paran de quejarse fue a parar a una cuenta bancaria. Algo así como una familia que guarda plata para una eventual e hipotética emergencia mientras sus hijos pasan hambre.

Marchi denunció también la pérdida de ingresos por unos 2700 millones de pesos. ¿De dónde sale esa cifra?  Los saldos bancarios al 31 de octubre de 2022 ascendían a 175.929.286,54 millones de pesos en el Banco Ciudad y 5.491.949.430,52 en el Banco Nación. “Debido al tiempo en que dichos fondos fueron mantenidos en cuentas no remuneradas (cuentas corrientes, ndr), si se aplica la tasa de interés de los plazos fijos vigentes sobre los saldos bancarios mensuales sin invertir se estima una pérdida de ingresos para la OSPJN por intereses no cobrados desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2022 inclusive de 2.785.992.344  pesos”. 

Nada justifica que ese dinero no se hubiera puesto a plazo fijo. «Se estima que los saldos disponibles en las cuentas corrientes dispuestos por los responsables de la OSPJN resultan excesivos para el normal funcionamiento y por lo tanto generan una pérdida de recursos importante para la institución en concepto de intereses no percibidos», precisa el informe.

Rosatti, quien días atrás habló de “defender el valor de la moneda” y la “emisión incontrolada” ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), acaso ignore ese desfase ruinoso. “El gasto devengado del tercer trimestre de 2022 crece en relación al año anterior a una tasa del 90,9 por ciento (…). El mismo se encuentra creciendo 8,3 por ciento por encima del aumento interanual de la recaudación trimestral y 13,3 por ciento por arriba de la inflación promedio del tercer trimestre respecto del año anterior. Un crecimiento del gasto superior al de la recaudación conllevará una pérdida de solvencia en el largo plazo».

Tal vez Rosatti no sepa nada de economía. «