La Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa del sacerdote, quien también fue condenado por abuso sexual en la fundación Felices los Niños.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Elena Hihgton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, rechazó por cuestiones formales revisar un último recurso presentado por la defensa del cura, a cargo del abogado Santiago Trisarri.
En noviembre de 2016, un tribunal oral de Morón condenó a Grassi a dos años de prisión de cumplimiento condicional por haber utilizado fondos de la fundación para pagar el alquiler de la casa donde vivía en Hurlingham.
La causa, en rigor, es posterior a la acusación por los delitos de naturaleza sexual y casi que se deriva indirectamente de aquel expediente.
El dueño de la vivienda en cuestión inició una demanda judicial por falta de pago de los alquileres. Grassi se alojó allí cuando le fue prohibida la convivencia con los niños de la Fundación de la cual era la cara visible y máximo responsable.
La casa quinta, denominada “La Blanquita”, está ubicada enfrente de lo que era la sede principal de la Fundación.
Según la acusación, Grassi utilizaba dinero de donaciones para Felices los Niños para pagar el alquiler de esa vivienda.
La nueva condena, que fue confirmada a Tiempo por el abogado Juan Pablo Gallego, principal acusador contra Grassi en representación de sus presuntas víctimas en la Fundación, quedó firme en el acuerdo de la Corte del martes último.
“El apelante no ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el artículo 7°, incisos a y c del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja”, sostiene el fallo.
No se trata de aspectos de fondo de la causa sino de formalidades sobre la forma, extensión y contenidos del recurso.
La Corte fijó hace casi 13 años un reglamento para los “recursos de queja” y cuando esas formalidades no se respetan, generalmente desestima esa última apelación sin siquiera analizar de qué trata el expediente.
Grassi cumple actualmente la condena a 15 años de prisión, que también tiene fuerza de cosa juzgada, en un penal de la ciudad bonaerense de Campana.
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