«Nos pegaron, quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales y no tenemos respuesta»

Ya pasaron más de dos meses del violento desalojo a familias campesinas en el municipio de Wanda, en el Paraje San Lorenzo 2, provincia de Misiones. Allí, resultaron víctimas de la brutalidad policial legitimada por la Justicia de Iguazú, que emitió una orden para que sean expulsados de sus propias tierras. Las autoridades ejecutivas habían quedado en brindarles ayuda, pero hasta el momento no lo hicieron. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio.

Más de cincuenta efectivos de las fuerzas policiales protagonizaron los terribles hechos de violencia institucional, golpearon a las tres familias y les quemaron sus casas. Destruyeron sus chacras y les mataron sus ganados. Según la denuncia de los campesinos -a la que este diario tuvo acceso-, cumplieron orden de la empresa multinacional ARAUCO S.A, tras una resolución que dictó el juez de Iguazú.

“Nosotros somos dueños legítimos de esas tierras, trabajamos en ellas por más de una década, compramos esos terrenos con los ahorros de toda la vida y el sudor de toda la familia. Los policías aparecieron de la nada y nos notificaron que el juez de Iguazú resolvió que nos tenían que desalojar en dos horas. A mi señora la metieron presa tres días para que no reclamemos, fue brutalmente golpeada, mis hijos también”, denunció Eduardo Garcete, en diálogo con Tiempo.

Sueños en tinieblas

“Todos nuestros sueños quedaron en tinieblas, porque ahí cada uno de mis hijos iban a construir su propio emprendimiento, algunos pensaban dedicarse a la cosecha y otros a la ganadería. Nunca le pedimos nada a ningún político, todo lo ganamos trabajando, ahora ni siquiera nos brindan una respuesta ante los hechos tan graves que denunciamos”, aseguró el campesino de 36 años.

Su compañera de vida es Norma Segovia, de 41 años. Con ella tiene cuatros hijos -que fueron golpeados por los policías- de 7, 9, 14 y 15. Luego los esposaron a todos y los subieron a los móviles oficiales y se los llevaron a la comisaría, donde detuvieron a la mujer tres días para que no reclamara.

“Con mi señora nacimos y nos criamos en Wanda, igual que todos mis hijos. Sin embargo, en la municipalidad se lavan las manos, nos dicen que ellos no pueden hacer nada, pero cuando les preguntaron de la provincia dijeron que ellos nos estaban ayudando. Desde la gobernación primero se habían comprometido en intervenir en el asunto y después se tiraron para atrás”, señaló Garcete.

Pruebas concretas

“Tengo todos los videos -a los que este diario tuvo acceso- en los que se ve cómo los policías nos sacaban a los golpes y mis hijos lloraban, también participó gente de la empresa. Están filmados mientras rompían todo con las máquinas y prendían fuego nuestras casas, pero hasta el momento ninguna autoridad nos ayudó”, denunció el hombre.

“Estamos pensando en encadenarnos en la municipalidad para que nos escuchen, porque necesitamos que nos devuelvan las tierras para volver a trabajar y recuperar todo lo que nos han arrebatado injustamente. Nosotros somos familias jornaleras que sudamos de sol a sol, no entendemos por qué nos hicieron tanto daño; encima ellos son quienes deberían cuidarnos”, apuntó Eduardo.

“Lo que pasa es que nosotros somos campesinos sin maldad, no seres sin alma como ellos que no tienen piedad, no llego a comprender por qué tanta crueldad y saña contra nosotros. Acá todos sabemos que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, la policía y el juez de Iguazú son toda una misma mafia, por eso es muy difícil la vida en este lugar, la empresa les paga para que hagan silencio”, denunció Garcete.

“Entendemos que la empresa multinacional ARAUCO nos arrebató nuestras tierras porque es un lugar lindo, es un paraíso, pero que al menos nos den un campo en otro lugar, quedamos sin dada de la noche a la mañana. Ahora estamos en una casa prestada y nos están pidiendo que la devolvamos porque la tienen que usar”, cerró Eduardo.

Doble discurso

Cuando ocurrieron los hechos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y vecinos presentaron una nota al gobernador de Misiones, en el escrito pidieron que les den tierras para producir a las familias que resultaron víctimas. Teniendo en cuenta, que son personas que están acostumbradas a la vida de campo.

Este diario se comunicó con José Luis Fuentes, abogado de la Fundación Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Contó que hace un mes atrás tuvimos una respuesta, les contestó Daniel Behler, que es el Subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia.

La Constitución de la Provincia de Misiones señala que el gobernador les tiene que dar una respuesta: “Nos dijo -en aquel momento- que no tendrían problemas en juntarse para evaluar posibles soluciones, teniendo en cuenta la limitación de acceso a la tierra porque ya no hay terrenos fiscales. Pero que ellos tenían predisposición a brindar una solución. Sin embargo, ahora se desentienden de esta terrible situación y las familias están sin vivienda”, explicó.

“Ya se pudo comprobar que la empresa multinacional ARAUCO -tras un proceso penal- viene cometiendo hechos de esta naturaleza en forma sistemática. Hay una sentencia judicial que indica que protagonizó muchísimas violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio de los pobladores del municipio de Wanda”, finalizó Fuentes.