«Querían hacer el juicio cuando la Metropolitana ya no existiera»

El miércoles comenzó el juicio oral contra tres agentes de la Policía Metropolitana que dispararon balas de plomo en pleno centro de la capital en 2013 durante la represión a la Asamblea de la Sala Alberdi y que hirieron a tres personas, dos de ellos periodistas que cubrían el hecho. Están acusados de homicidio en grado de tentativa calificado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad. Actualmente los tres forman parte de la Policía de la Ciudad, aunque no cumplen funciones.

Apenas tenía 20 minutos el 14 de marzo de 2013 cuando desde dos formaciones de policías de la Metropolitana dispararon contra los jóvenes que habían mantenido un acampe en el hall de ingreso al Centro Cultural San Martín para evitar el vaciamiento del espacio artístico. Las balas de
plomo impactaron contra dos periodistas que fotografiaban la represión sobre la Avenida Corrientes a la altura de la intersección con Paraná. A Germán Darío de los Santos, fotógrafo de DTL! Comunicación Popular, la bala de plomo le entró por la cara externa del muslo y le salió por el otro lado. A Esteban Ruffa, fotógrafo de ANRed, se le incrustó en la tibia, donde aún permanece alojada por el riesgo que significa tratar de sacarla. El único proyectil que se recuperó fue extraído de la pierna de Mario Fumaroni, que participaba del acampe.Se trataba de una posta de plomo de calibre compatible con las escopetas usadas por la Metropolitana.

Las principales pruebas que sirvieron para documentar lo sucedido fueron provistas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrieron la represión. Cuatro cámaras distintas muestran los fogonazos del momento de los disparos. Dos «cámaras domo» más del Gobierno de la Ciudad ubicadas sobre la Avenida Corrientes ratificaron lo ya señalado por la querella y una pericia de gendarmería permitió identificar a los responsables que, a pesar de ello, negaron todo en su indagatoria.

«En los videos también se advierte que después de que se producen los disparos que gendarmería reconoce, uno de los policías patea algo hacia un fueguito y otro se agacha a recoger algo. Lo mismo que vimos en el puente Pueyrredon cuando juntaban las postas de plomo», analiza María del Carmen Verdú, abogada de los comunicadores populares y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Verdú recuerda que las municiones usadas son las mismas empleadas en el Parque Indoamericano por la Metropolitana en diciembre de 2012, donde también había actuado uno de los procesados, Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa. Precisamente este oficial estuvo a cargo del reaprovisionamiento de las armas en la represión la madrugada sobre la calle Corrientes. Además, en un allanamiento a su casa realizado en 2014 se encontró un verdadero arsenal: casi cuatro mil cartuchos de bala de distintos calibres (entre ellas las postas de escopetas Mossberg 12/70 usadas en ambas represiones).

Los tres acusados integraban la División de Operaciones Especiales Metropolitanas(DOEM), cuerpo especializado en tareas de alta complejidad, pero provenían de otras fuerzas. Miguel Antonio Ledesma y De La Rosa habían pasado por la Federal; mientras que Nelson Maximiliano Acosta formó parte de la Bonaerense. «El tribunal oral había fijado fecha para noviembre de 2016 pero horas antes lo suspendieron por ‘problemas de agenda’ y se postergó hasta ahora. Nuestra interpretación es que querían que el juicio contra la Metropolitana se haga cuando ya no existiera la
fuerza», explicá Verdú. «Todo el tiempo nos meten el cuento de la nueva fuerza, pero es la suma o división de las anteriores.Y nunca hay normativa
para tirar libremente, pero es lo que sucede”. Mañana terminarán las exposiciones y llegará el turno de los alegatos. «

Nueva fuerza, viejos vicios

El jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Federal durante la represión a la Sala Alberdi era Guillermo Calviño. La querella
entonces lo imputó junto con el comisario Pedro Carnero por «incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores» ya
que, a pesar de estar en conocimiento de los heridos con balas de plomo (tal como consta en las comunicaciones de la Federal incorporadas a la causa), no adoptaron ninguna medida al respecto. Calviño está involucrado en la investigación que se le sigue a José Potocar, su segundo entonces, por el cobro de coimas. Además está acusado de encubrir a barras de Boca y de liberar la zona de la redacción de Tiempo durante el ataque de la patota en julio de 2016. En febrero último Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteño, lo designó como superintendente de la Policía de la Ciudad con fecha retroactiva al 1 de enero. Carnero, por su parte, hoy dirige la Dirección General de Comisarías de la Policía de la Ciudad.