Quién dijo que todo está perdido

La campaña para quebrar  los acuerdos que fundaron la democracia en la post dictadura vivió esta semana una dura derrota. La inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO ratificó lo que desde hace años el mundo le reconoce a la Argentina: que su proceso de Memoria, Verdad y Justicia es un modelo excepcional, convalidado por los tres poderes del Estado, cuidado por la sociedad y, desde este martes 19 de septiembre de 2023, protegido por las Naciones Unidas.

«Como exponente de todos los Sitios de Memoria de Argentina y del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA), se busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y del valor del consenso social como medio para lograr Justicia», expresa el comunicado oficial de la Secretaría de Derechos Humanos que celebró esta iniciativa que llevó años de exigente tramitación.

«Consenso social para lograr justicia» es toda una caracterización de lo que se construyó trabajosamente a lo largo de 40 años para clausurar el período más oscuro de la historia argentina reciente. Ese consenso, que hoy busca ser herido desde un sector de la política, es un modelo que también viene sufriendo desgaste en relación a otros acuerdos básicos que planteó la democracia de 1983 para acá. Por ejemplo: no volver a usar la violencia para dirimir conflictos o miradas contrapuestas sobre el mundo. Esto se quebró con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner por la distancia que pusieron de aquel hecho dramático algunas fuerzas políticas, por la poca voluntad del Poder Judicial para avanzar como se debe en la investigación a fondo de las circunstancias que terminaron con Sabag Montiel gatillando en la cara de la vicepresidenta, también con la estigmatización de la militancia que la rodea, en la idea de «exterminio» que agitan desde Juntos por el Cambio y que a veces se materializa en la vida cotidiana con agresiones a artistas, comunicadores, a la simbología nacional y popular. También con la absurda reapertura de viejas causas judiciales a la expresidenta.

Son paradojas de un sistema que es en parte acreedor de reconocimiento mundial en relación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y, en su otra cara, una herramienta para disciplinar a la dirigencia política. La doctrina de la imprescriptibilidad aplicada a cualquier cosa.

Son los resquicios por los que ingresa el discurso que deforma la verdad sobre la dictadura y que domina una parte del debate electoral de la mano de La Libertad Avanza. Emerge revestido de legalidad, pronunciado por una diputada y candidata a vicepresidenta, cuyas vinculaciones con los genocidas están narradas por demás en medios y redes. Un discurso y enunciadora, «Infiltrado/a en la democracia» como lo definió con lucidez Agustín Rossi.

Quedan pocas semanas para la primera vuelta electoral, la de los 40 años de democracia. Lo ocurrido en Unesco el martes 19 de septiembre es una bocanada de aire fresco, un respiro necesario, la idea de que no todo está perdido. El mundo suscribe a las conclusiones a las que arribó la Argentina respecto del uso de la violencia por parte del Estado inclusive a nivel regional: «El Museo Sitio de Memoria ESMA –dijo Unesco– está asociado y es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 sobre la base de la desaparición forzada de personas». Un faro en la oscuridad.