Quién es Eduardo Yahbes, el médico imputado por realizar certificados truchos para no vacunarse

El profesional detenido por la Policía de la Ciudad por realizar certificados médicos apócrifos de Covid tiene 79 años. El hombre asegura que es médico pediatra y homeópata. Desde que comenzó la pandemia intentó restarle importancia a la enfermedad, siendo una de las caras más reconocidas que se opusieron a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno nacional. Encabezó titulares mediáticos con cifras y datos pocos creíbles que más tarde fueron refutados por especialistas nacionales e internacionales. Hoy fue liberado horas después, pero permanece imputado.

Yahbes estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó en 1965. Más tarde hizo su residencia en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires y fue titular de médicos residentes de Pediatría en el Hospital Ramos Mejía. En 1971 fue reconocido con el premio Aguilar Giraldes por su trabajo realizado. La mayor parte de su vida se dedicó a la homeopatía, llegando a la presidencia de la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas (FAMHA) entre 2003 y 2006.

Yahbes era asesor de la diputada Paula Urroz, quien presentó un proyecto de ley que ponía en duda la aplicación de vacunas y exigía que se dé “información fehaciente” sobre sus supuestos riesgos. El objetivo de la iniciativa era “que los padres sepan los efectos adversos de las vacunas y que el pediatra se haga responsable”.

Las sociedades científicas del país fueron las primeras en oponerse a este documento: “Consideramos que esto significará un retroceso en política sanitaria con serias consecuencias potenciales para la salud de nuestra población”, afirmó la comunidad científica. Más tarde llegó el rechazo de autoridades sanitarias nacionales y el proyecto fue retirado de las comisiones.

“Toda mi solidaridad con el Dr Yahbes y su Familia! Fue detenido como un delincuente o un terrorista”, expuso en sus redes sociales la diputada mandato cumplido Paula Urroz, al momento de la detención del médico Yahbes. “Sin orden de un juez y con violencia los detuvieron y se llevaron las historias clínicas de sus pacientes”, agregó.

En enero de 2021, la Sociedad Argentina de Infectología junto a la Fundación Huésped y varias asociaciones médicas presentaron una fuerte denuncia por el uso del dióxido de cloro ante la Justicia federal. En la presentación de la misma, Yahbes fue mencionado por recetar a la paciente Martha Trezza con dióxido de cloro. Más tarde, la mujer fue internada en el Sanatorio Otamendi y falleció.

En abril de 2021, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio por tierra una presentación judicial de Yahbes, que promovía una acción de amparo contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y contra el Ministerio de Salud de la Nación, para impedir la “aplicación de vacunas contra el COVID-19 en etapa experimental en humanos en nuestro país hasta tanto se garantice el acceso a la información solicitada, ya que de lo contrario se expone a la población a daños y riesgos inmensurables en la medida que no cuente con la información necesaria para prestar su libre consentimiento”.

El fallo de la justicia fue contundente y decretó que “el actor no ha logrado, en este marco de conocimiento liminar, demostrar la verosimilitud del derecho (…) desde esa perspectiva, es inoficioso examinar el recaudo del peligro en la demora”.

En agosto de 2021, el profesional arrestado había afirmado en el programa Intratables de América TV: “Este año, en el primer semestre, (…) hubo un total de más o menos 48.000 muertos por Covid, 43.000 de los cuales están vacunados”.

El médico había anunciado que iba a dar “información oficial del Ministerio de Salud de la Nación”. Cifras que, más tarde, fueron desmentidas por la propia Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, quien explicó en su momento que “con cada vacuna se hizo una investigación por separado. Por ejemplo, para evaluar la efectividad de la Sputnik V se tomaron 358.665 casos de los cuales algunos están vacunados y otros no vacunados. De los casos positivos de COVID-19 (155.115 personas), fallecieron 16.428 personas. Pero este número incluye a personas vacunadas con la Sputnik V y personas no vacunadas”.

En concreto, a diferencia de lo expuesto por Yahbes, no eran 43 mil los fallecidos que estaban vacunados. En aquel momento, esa cifra representaba el total de fallecidos por COVID-19 dentro de la muestra que incluyó a personas vacunadas y no vacunadas para evaluar la efectividad de las vacunas en la reducción de la mortalidad.

Dos años antes, en 2019, fue invitado al programa de El Diario de Mariana, en canal 13, donde narró supuestas historias ocurridas por su paso en el Hospital de Niños, de chicos que estaban internados por vacunarse contra el sarampión con diagnósticos como encefalitis. Pero el historial previsional del médico no lo vincula a ningún empleo dentro una entidad médica del Estado.

El allanamiento al consultorio

A su estudio médico asistían personas que no querían vacunarse para obtener un certificado médico apócrifo que impedía la inmunización del paciente. En el momento del allanamiento encontraron más de 220 certificados truchos. La Policía de la Ciudad lo arrestó en la calle Coronel Díaz por la entrega de los documentos falsos.

La causa está a cargo de la Fiscalía N°15 del doctor Federico Tropea. Los certificados estaban impresos y el homeópata solo tenía que poner el nombre del paciente, firma y sello médico. El profesional cobraba alrededor de 4.000 pesos para elaborar el documento, donde advertía de la preexistencia de una patología no detallada sobre la persona que asistía a su consultorio, para evitar ser vacunada.

Lo liberaron pero sigue imputado y sin poder salir del país

La Justicia porteña liberó este miércoles al médico y a su secretaria, luego de las audiencias indagatorias y tras negarse a declarar ante el auxiliar fiscal Santiago Almeida. Ambos quedaron imputados “por emisión de certificados falsos y violación de medidas contra la pandemia, según los Arts. 295 y 205 respectivamente del Código Penal”, precisó a través de un comunicado el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires (MPF). Posteriormente, fueron dejados en libertad. La causa sigue en investigación y la Unidad de Flagrancia Este encomendó al Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal el peritaje de computadoras y teléfonos secuestrados en el día de ayer. Entre otras condiciones, la libertad con restrictivas incluye la prohibición de salir del país sin autorización y prohibición de concurrencia al consultorio mientras dure el proceso judicial.