Mónica Almada, elegida por Martín y Lule Menem, tiene una extensa carrera dentro de la UCR y el PRO. Sus vínculos con De la Rúa. Las dudas dentro del gobierno sobre su lealtad.

La madrugada fue agitada para todos. Después de horas de tratar el Presupuesto 2026 en Diputados, donde la racha no fue para el gobierno pese a fingir satisfacción por la aprobación de un proyecto que compromete al equilibrio fiscal, el presidente del recinto le tomó juramento a los nuevos auditores. El nombramiento estuvo atravesado por un escándalo mayúsculo protagonizado por la furia de Cristian Ritondo, quien acusó a viva voz al riojano de no tener códigos. El enojo del bonaerense fue una respuesta a la sagaz jugada del vicepresidente de La Libertad Avanza para dejar afuera al partido fundado por Mauricio Macri del organismo de control, sillas cotizadas para sentar en ellas a alfiles que por ocho años cuiden desde adentro los intereses de los partidos y otras yerbas no tan vistosas.
En dos años de negociaciones, el PRO acercó dos propuestas que fueron rechazadas por el oficialismo. El primero fue Jorge Triaca, exdiputado nacional del riñón del expresidente. En las últimas semanas, el nombre de Luciano Laspina también había llegado a oídos de los dos miembros del Triángulo de Hierro, pero ninguno de los nombres prosperó.
La desesperación del oficialismo por alcanzar la media sanción de la ley presupuestaria llevó a sus agentes a negociar cuanto estuviese a su alcance para lograrlo. Un lugar en la AGN es una golosina que nadie se atreve a rechazar. Sáenz, que por meses utilizó metáforas gauchescas para definir su relación con el gobierno, olió sangre. El salteño negoció mano a mano con Menem para quedarse con aquel espacio para Pamela Caletti. La necesidad del peronismo de también colocar a Juan Ignacio Forlón fue suficiente para lograr el acuerdo entre los tres bloques para tomarle juramento a los auditores que esperaron su momento de fama agazapados en el Congreso.
La nueva auditora en representación de La Libertad Avanza fue designada en el organismo gracias al vínculo que logró consolidar con Eduardo “Lule” Menem, quien apadrinó a la letrada luego de su salida del Ministerio de Economía, donde hasta hace pocas semanas se desempeñaba como titular de la Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas desde marzo del 2024.
Definida por su propio entorno como una “abogada picante” por su voracidad a la hora de ejercer el derecho, Almada se movía dentro del ministerio como mano derecha del saliente director de ARCA, Juan Pazo. Como una virtual “jefa de gabinete” del hombre de mayor confianza de Luis Caputo. Esta semana, Pazo dejó sorpresivamente la gestión pública alegando razones personales y sin mayores explicaciones. Fue reemplazado por Andrés Vázquez, extitular de la Dirección General Impositiva (DGI), y delfín de Santiago Caputo.
“Toto” sumó a Almada a los equipos técnicos del ministerio por la extensa carrera dentro del PRO que la abogada tiene desde su fundación en 2005, espacio al que llegó de la mano de Ricardo López Murphy con quien mantuvo estrechísimos vínculos pese a que su tutelaje político le pertenecía a Fernando de la Rúa. Entre 2017 y 2019, la exesposa de Enrique Pinedo, hermano del exsenador Federico Pinedo, se desempeñó como vicepresidenta de Nación Seguros, una de las empresas con manejo de las cajas más importantes del Estado. En tiempos de Macri como jefe de gobierno, la magister en Finanzas de UCEMA formó parte del equipo de consultores del Ministerio de Educación de la Ciudad que encabezó Esteban Bullrich entre 2010 y 2015.
Por su amplio conocimiento en el derecho internacional y administrativo, Almada pasó largas temporadas como funcionaria en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en Diputados, donde también se desempeñó como jefa de asesores de la Presidencia del Bloque PRO por diez años. Quienes la trataron durante ese período la definen como “una carnívora” por su minuciosidad a la hora de ejercer el cargo. Su primer ingreso al Congreso, sin embargo, data de 1984 cuando por entonces los sueños presidenciales de la Rúa se conformaban con la senaduría por la Capital. Por diez años, la letrada fue funcionaria en las Comisiones de Industria, la bicameral de seguimiento de los procesos de Privatización, Juicio Político y Defensa.
Ya con el futuro padre de la Alianza comandando la Ciudad, la jurista se desempeñó como coordinadora del Comité de Negociaciones sobre Deuda porteña y fue directora de Coordinación Legal e Institucional de la Secretaría de Educación en 1997 además de subsecretaria de Reforma del Estado en la Secretaría de Hacienda y Finanzas del GCBA. Fue en 1998 que la mano política de De la Rúa la llevó como vocal del Banco Ciudad, donde escaló hasta llegar a ser directora.
A días de que el radical termine su gobierno, el 28 de noviembre del 2001, Almada creó un plazo fijo en el Ciudad por un monto de U$S 315.000, cuya cotitularidad era compartida con el exgerente de compras del banco, Oscar Cortés. Por entonces, las disposiciones bancarias impedían la cancelación de este tipo de operaciones financieras hasta que no se cumplieran treinta días de la confección del mismo. Pero privilegios son privilegios. El viernes 30 de noviembre por la noche, cuando el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo ya tenía decidido decretar la restricción del retiro en efectivo a partir del lunes 3 de diciembre de aquel fatídico año, la titular del banco porteño retiró el dinero que había depositado tan sólo 48 horas antes con la excusa de tener que concretar una operación inmobiliaria, actividad que por entonces estaba contemplada pese a las limitaciones del corralito.
Luego de presionar al entonces gerente de la entidad, Hugo Arolavero, para que habilitara la maniobra, Almada logró recuperar sus ahorros. La suerte no fue la misma para millones de argentinos. Con la renuncia de De la Rúa el 20 de diciembre del 2001, todos los conflictos quedaron en segundo plano y no fue hasta enero del 2002 que el caso tomó relevancia mediática luego de una auditoría en el Banco Ciudad solicitada por su entonces presidente, Roberto Feletti. La mediatización del hecho no fue suficiente y en abril del 2004 la abogada fue sobreseída.
En política, la reconversión es la única garantía para la impunidad. La elección de Almada como auditora de AGN contó con el aval de Karina Milei, luego de que el apoderado de LLA, Santiago Viola, se negara a ocupar el lugar que ahora tendrá su colega. El abogado nunca cortó su buen vínculo con el Salón Martín Fierro, una deslealtad imperdonable en el menemismo.
Hay quienes piensan que la camaleónica delarruísta podría ser quien termine denunciando a los herederos políticos de Carlos Menem en el organismo por alguna de las variopintas acusaciones por malversación de fondos que tiene a los riojanos como protagonistas. ¿Lealtad con traición se paga? Será cuestión de esperar. Durante el escándalo por el plazo fijo, que se masificó gracias al levantamiento popular de aquel segundo año del siglo, Almada supo declarar “Quisiera no salir de mi casa hasta que la gente se olvide de mí.” Más de dos décadas después, sus deseos se hicieron realidad. «
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