Radiografía de las carreras de galgos

Según consignó Tiempo Argentino, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay una mafia que explota y tortura perros, recauda hasta un millón de pesos por carrera, vende cocaína y cuenta con protección policial. Se hacen llamar «los galgueros» y sus lazos comprometerían a altos jefes regionales de la Policía Bonaerense y también a ciertas intendencias; tanto que el juez federal Daniel Rafecas investiga una denuncia sobre tráfico de drogas donde están involucrados personajes de toda laya: criminales millonarios a cuesta de los pobres galgos.

Se trata de la raza predilecta de faraones egipcios y reyes europeos. Están preparados genéticamente para la caza, poseen un elegante porte y son uno de los animales más rápidos del planeta. En su estado natural, llegan a correr entre 60 y 70 kilómetros por hora, pero con la ayuda de algunas drogas, alcanzan los 100. Buenos Aires es la única provincia argentina que cuenta con una norma en contra de las carreras de perros, pero la prohibición resulta ser el escenario preferido para que unos pocos hagan negocios al margen de la ley.

Estos encuentros se realizan los fines de semana a partir de las 10 hasta las 13 o hasta las 16:30, según los premios que se disputen. En promedio, la convocatoria es de 100 hasta 400 personas. Miles de personas se congregan en torno a las apuestas ilegales que generan entre 300 mil y un millón de pesos por jornada. Es bastante dinero que no llega a las arcas del Estado, aunque eso no impida que la recaudación se distribuya entre funcionarios municipales, judiciales y policías.

«Muchos de los asistentes y galgueros viven de la delincuencia y de las apuestas. En estos encuentros se consume mucha droga. Si a esto se le suma que va mucha gente con antecedentes penales y armada es algo muy peligroso. Notamos que es una especie de hobby para algunos narcos y delincuentes pesados como piratas del asfalto a los que les gusta jugar fuerte», explicó a Tiempo Argentino el presidente de la Comisión Nacional por la Lucha contra la Impunidad, Rodrigo Ferreirós, que denunció a unos 20 canódromos a lo largo y ancho de la provincia.

Estos encuentros se realizan los fines de semana a partir de las 10 hasta las 13 o hasta las 16:30, según los premios que se disputen. En promedio, la convocatoria es de 100 hasta 400 personas, aunque según palabras de los propios organizadores hay festivales en los que llega a haber hasta 15 mil participantes, a razón de 100 pesos sólo por la entrada, los ingresos se traducen en el mejor de los casos en 1,5 millones de pesos. A esto hay que sumarle el botín de las apuestas que levantan los «pasadores oficiales».

También son habituales las pujas entre particulares que muchas veces suelen terminar mal ya que como en cualquier actividad no regulada, vale todo. Están los que dicen que es un divertimento para los perros y que se trata de pasar una sana tarde en familia, y están aquellos que aseguran que los animales son mercancía en un ambiente hostil, donde el perro que sufre una lesión o llega a una determinada edad, es descartado de inmediato mediante el sacrificio o el abandono sin agua ni comida.

Marta Wagner preside la Asociación para la Asistencia al animal abandonado y comenzó a investigar el tema en 2011, cuando le llegaron comentarios de sacrificios caninos durante las carreras. Primero denunció a los organizadores en las comisarías. «Pero ahí no nos fue bien, la policía jamás se acercaba a los lugares para cortar con el negocio. Por eso empecé a ir a las fiscalías de turno, pero tampoco actuaban, sólo pasaban el expediente a los juzgados correccionales que ni siquiera demostraron interés en frenar el juego ilegal.»

Sin desmoralizarse, Wagner compró equipos de cámaras ocultas y entró en las carreras. Llegó a apostar para obtener los comprobantes del delito y sobre todo, fotografió a varios patrulleros en la puerta de entrada de los canódromos. En los móviles policiales no solía haber agentes porque generalmente estaban dentro de los predios como si fueran parte del personal de seguridad.

«Con todas la pruebas reunidas realizamos un nueva denuncia en la UFI 3 de Diego Torres, pero esta vez por corrupción policial», contó Marta, quien se animó a levantar su voz, en representación de sus vecinos, aunque eso le valiera el escarmiento: fue amenazada, le introdujeron azúcar en el tanque de nafta de su camioneta para que se fundiera, le baldearon la vereda de su casa con aceite y solvente para incendiarla. «Quedaba en evidencia que estábamos tocando intereses de gente poderosa», continuó la mujer.

Con el pasar de los meses, Marta llegó a realizar una veintena de denuncias más intentando adelantarse a la realización de cada carrera. El 21 y 22 de septiembre de 2013, fue el turno de un encuentro que se realizaría en la ciudad de General Alvear, con motivo de los festejos del Día Internacional del Galguero, donde uno de los premios, de 10 mil pesos, llevaba el nombre del intendente local, Alejandro Celillo de la Unión Cívica Radical.

El procedimiento judicial y policial no impidió que la fiesta de los galgos se suspendiera, sino que a último momento se trasladó a la ciudad de Daireaux, donde debió intervenir un juez de Trenque Lauquen para sitiar al pueblo con cientos de gendarmes. Entonces, «La carrera del siglo» entre el perro Ciro Black contra el caballo El Glorioso no pudo realizarse.

El caso de General Alvear es paradigmático. Una ordenanza de febrero de 2013 indicaba que habilitaba en el distrito las carreras de galgos. Sin embargo, desde la Auditoría General de la provincia de Buenos Aires fueron tajantes: «La autorización para el desarrollo de esta actividad es materia reservada al legislador provincial. Los municipios carecen de facultades para permitir la realización de carreras de perros.» Wagner logró cerrar momentáneamente los canódromos de Bolívar y Chacabuco. Ella es de Dolores, donde conviven dos canódromos, uno de ellos regenteados por los hijos de un policía.

«En noviembre del año pasado logramos desbaratarlos, siempre con el descontento policial ya que había que discutir con ellos para que fueran y debíamos controlar que realmente lo hicieran porque nunca cortaban las carreras limitándose sólo a charlar con los organizadores», detalló la mujer.

Luego de sufrir varios robos y atentados menores, en la noche del 30 de noviembre de ese año, dos bombas molotov cayeron en el hospital público veterinario que lleva adelante la asociación proteccionista hace 17 años. El lugar quedó destruido. De los 25 perros que había en su interior, dos murieron y el resto sufrieron graves quemaduras. Wagner apuntó por el atentado «a los galgueros, la inacción de la justicia, la connivencia de la policía y del poder político que mira para un costado». La fiscalía envió un perito recién diez días después y la causa quedó en la nada.

Ahora el juez federal Rafecas debe profundizar la pista sobre el funcionamiento ilegal de 20 circuitos de carreras de perros en el interior de la provincia de Buenos Aires. Allí asisten los delincuentes para consumir drogas y apostar al galgo ganador. En la mayoría de los casos, al animal le estalla el corazón por la cantidad de drogas que le inyectan para que corra a la velocidad de un rayo. Y el público mira desde la tribuna.

La cifra

Cerca de 15 mil personas son las que frecuentan este tipo de carreras en algunos distritos rurales de Buenos Aires. El costo de la entrada es de $ 100. Las apuestas forman «una caja» aparte.