El mismo juez que había ordenado la intervención de Prefectura en noviembre, ahora califica el resultado de ese operativo como "disvalioso" y prefiere ser cauteloso, mientras Parques Nacionales insiste con el desalojo.
En los fundamentos de su decisión de este lunes, el magistrado resaltó que la experiencia del año pasado tuvo un resultado disvalioso. El desalojo pedido por Parques Nacionales y ordenado por Villanueva fue ejecutado el 23 de noviembre de 2017 por alrededor de 400 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), con fuerte equipamiento y movilidad, que incluyó helicópteros y drones.
Dos días después, el grupo Albatros, que había quedado custodiando el terreno de 90 hectáreas, participó de un procedimiento contra los mapuches que habían sido desalojados, en el que Nahuel fue baleado por la espalda por el disparo de un arma reglamentaria.
Esa muerte dio lugar a una investigación, también a cargo de Villanueva, quien el mismo 25 de noviembre permitió a los mapuches volver a la comunidad desalojada.
El rechazo del desalojo es referido a la causa civil por usurpación iniciada por Parques Nacionales, que continúa su curso, pero se fundamentó principalmente en la causa penal que originó la muerte de Nahuel, también en trámite.
Por su parte la abogada de la comunidad mapuche, Sonia Ivanoff, destacó que la decisión de Villanueva es importante, aunque cuestionó que no haya rechazado el desalojo en base al reconocimiento de los derechos humanos y constitucionales de los pueblos originarios. Criticó a Parques Nacionales por buscar el desalojo primero por la vía penal de denunciar la usurpación y luego mediante la justicia civil hicieron una causa de desalojo, que es la que rechazó Villanueva.
El juez tuvo suficiente con la muerte de Rafael, ordenando desalojar y se le fue de las manos el operativo. Además no imputa todavía a ningún efectivo del grupo Albatros, mientras siguen imputados Fausto (Jones Huala) y Lautaro (González), señaló Ivanoff en relación a los jóvenes mapuches detenidos el día de la muerte de Nahuel y liberados poco después.
La abogada afirmó que no es el derecho penal el que debe usarse para resolver el derecho de propiedad, menos si hay derechos constitucionales en juego.
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